Protestas. Niños egipcios lanzan piedras contra la Policía en la plaza Tahrir - Reuters

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La Presidencia egipcia anunció ayer que no va a efectuar cambios en la declaración constitucional que blinda los poderes del jefe de Estado, Mohamed Mursi, y cuya validez será examinada el próximo 4 de diciembre por la Justicia.

Pese a la ola de protestas desatada, el portavoz de la Presidencia egipcia, Yaser Ali, declaró en una rueda de prensa que "no va a haber remodelaciones" en la controvertida acta, aunque matizó el significado de algunos artículos.

Ali precisó que las decisiones declaradas inapelables y definitivas en el primer artículo del acta son solo las de soberanía, tras la reunión que mantuvo Mursi con los magistrados del Consejo Superior de Justicia.

El portavoz insistió también en que esta medida es provisional y terminará con el anuncio de una nueva Constitución y la elección de una nueva Cámara baja del Parlamento.

Durante la reunión con el jefe del Consejo Superior de Justicia, Mohamed Metuali, y otros seis jueces, Mursi expresó su respeto a la autoridad judicial, sus miembros y sus competencias, e insistió en su independencia como garantía de seguridad para los ciudadanos.

Según Ali, los jueces y el presidente expresaron su determinación de evitar la discordia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo egipcios.

El Consejo Superior de Justicia, que no valoró el encuentro, calificó el domingo de "agresión sin precedentes contra la independencia del Poder Judicial" la declaración constitucional, aunque pidió a los magistrados que no sigan la huelga convocada por el Club de Jueces.

Este decreto ha tensado la relación entre Mursi y el Poder Judicial y desencadenado numerosos disturbios en Egipto, que hasta el momento se ha saldado con un muerto y más de 440 heridos, según los datos difundidos hoy por el Ministerio egipcio de Sanidad.

Coincidiendo con esta reunión, la Justicia egipcia anunció que el Tribunal Administrativo de Egipto estudiará el 4 de diciembre las doce denuncias que piden el cese de la aplicación y la anulación de la declaración constitucional, emitida por Mursi el pasado jueves.