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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a España que suba impuestos y que profundice en las reformas estructurales, al tiempo que le ha advertido que ahondar en los recortes de gasto pueden aumentar la desigualdad social y perjudicar el crecimiento.

El Informe Económico sobre España presentado ayer por el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, aconseja ampliar los productos y servicios que tributan al tipo general de IVA (21 por ciento), implantar más impuestos medioambientales, abaratar el despido improcedente, rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social y eliminar la jubilación parcial, entre otras cosas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo al respecto que el Gobierno analizará con "extrema atención" las sugerencias de la OCDE, aunque descartó "nuevas decisiones" respecto al IVA. A pesar de las numerosas recomendaciones, Gurría alabó en rueda de prensa la "manera ejemplar" en que España está capeando la crisis y la "valentía" de las decisiones y las reformas emprendidas, si bien las previsiones de esta organización distan mucho de las del Gobierno.

La OCDE pronostica para 2013 una caída de la economía del 1,4 por ciento (frente al 0,5 por ciento del Ejecutivo), una tasa de paro del 26,9 por ciento (frente al 24,3 por ciento) y un déficit público del 6,3 por ciento del PIB (frente al 4,5 por ciento). El informe alerta además de que si persisten las tensiones en el mercado de deuda hay un "riesgo sustancial" de que se interrumpa la financiación externa y se profundice la recesión, un peligro que considera que se reduciría si se activara el programa de compra de deuda española anunciado por el Banco Central Europeo en septiembre.

Las recetas de la OCDE para salir de la crisis pasan por una reforma fiscal profunda y por mayores cambios en el mercado de trabajo, con especial énfasis en mejorar las posibilidades de empleo de los jóvenes menos formados, los más afectados por el paro. Al respecto, considera fundamental corregir las altas tasas de abandono escolar a edades tempranas, para lo que sugiere que se facilite avanzar de curso reduciendo las competencias mínimas exigibles, así como destinar más ayudas a las familias con menos recursos que mantengan a sus hijos estudiando más allá de los 16 años.

En materia fiscal opina que se debería centralizar la competencia sobre una serie de impuestos transferidos a las autonomías como el de sucesiones, eliminar las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, reducir los impuestos que gravan la compraventa de vivienda y aumentar los tributos sobre el patrimonio inmobiliario. Respecto a la reforma del mercado laboral ve progresos en la buena dirección, pero reclama un contrato único con indemnización por despido creciente para disminuir la brecha entre los trabajadores temporales y los fijos, además de una flexibilización mayor de los convenios colectivos, ya que cree que la negociación a nivel sectorial puede perjudicar a las empresas.