Jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y abogados se unen para exigir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que "rectifique" para evitar una "mercantización" y "privatización" de la Justicia que nos sitúa en épocas "preconstitucionales". Al respecto, el ministro del ramo cree que la protesta de los jueces y fiscales responde a "intereses legítimos pero corporativos".
En el foro organizado por ABC-Deloitte, Gallardón defendió que la obligación del Ejecutivo es "defender los intereses de los ciudadanos". "Mi obligación no es pensar como fiscal o abogado, sino como ministro", indicó, para aseverar que es consciente de que sus propuestas "se enfrentan a intereses legítimos, pero corporativos".
"¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado la paga extraordinaria o si tenían antes 18 días de asuntos propios y se los dejamos en 12?", cuestionó. En su opinión, los distintos colectivos de la Justicia "no están en contra por las mismas cosas", sino que han aprovechado la "coincidencia en el tiempo".
No obstante, se mostró dispuesto a mantener abierta la interlocución con los operadores jurídicos, a pesar de que los jueces y fiscales hayan pedido dialogar directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Yo tengo que decir a quien no quiera hablar conmigo que estoy dispuesto a hablar con él. Como ministro no cierro la puerta a nadie", declaró sobre esta cuestión.
Al ser preguntado si los miembros de la Carrera Judicial tienen derecho a la huelga, Gallardón confía en que mantendrá la responsabilidad como titulares de un poder del Estado. "Al margen de que lo tengan o no, lo importante no es el derecho sino si es lo más adecuado y moralmente lo más solidario en estos momentos que vive España", remachó.
El ministro fue abordado ampliamente por la polémica sobre las tasas al desvelar que la Asociación de la Profesional de la Magistratura (APM) le entregó cuando tomó posesión como ministro un texto favorable a la imposición de las tasas. "Las tasas quienes nos las han pedido son los jueces", agregó.
Al respecto, la portavoz de la APM, María Antonia Sáez, negó que esta asociación le pidiera al ministro de Justicia un aumento de las tasas judiciales cuando tomó posesión. No obstante, la asociación ha reconocido que nunca ha estado en contra de esta medida en general, aunque no está de acuerdo en las altas cuantías fijadas por el Ejecutivo.
Por otro lado, Gallardón advirtió del alto número de abogados colegiados en España, -más de 125.000 colegiados, lo que dobla la media de la Unión Europea-, tras reconocer la "limitada" planta judicial, precisando que se mantiene el cuerpo de opositores para jueces y fiscales pese a las dificultades.
"Los cambios generan resistencias. Pero esas resistencias no nos van a claudicar en conseguir una Justicia más rentable, ágil y justa", remarcó, para poner de relieve que más de 9.200 millones de euros están congelados en las cuentas de consignaciones y abogar por su necesaria puesta en circulación.
El ministro de Justicia negó que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quite poder al órgano de gobierno de los jueces.
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