Costas. El proyecto defiende una prórroga de concesiones de 75 años - Archivo

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El portavoz del PSOE en el Congreso en materia medioambiental, José Luis Ábalos, ha tachado la Ley de Costas de "atentado ecológico" y de "sinsentido económico" para satisfacción de "unos pocos privilegiados, al mismo tiempo que su 'colega' de ICV, Laia Ortiz, plantea en nombre de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) un nuevo proceso de deslinde de las costas.

Así se desprende del paquete de enmiendas parciales que los grupos han presentado a la reforma de la Ley de Costas, actualmente en trámite parlamentario, a las que ha tenido acceso Europa Press. Ábalos considera con ello que esta nueva normativa supondría una decisión "firme" para privatizar y sobreexplotar el litoral, a la vez que potenciará la especulación en la costa actualmente protegida en detrimento del patrimonio de todos.
"El PSOE va a seguir planteando su alternativa a este modelo especulativo y favorecedor de interesas con nombres y apellidos. Nuestro grupo está en total desacuerdo con la reducción del dominio público marítimo-terrestre y de las zonas de servidumbre de protección y por eso pretendemos mantener los de la Ley actual", ha subrayado.

En este sentido, precisa que las excepcionalidades injustificadas para excluir núcleos urbanos o la isla de Formentera carecen de justificación y además suponen un agravio comparativo respecto a otros núcleos de población que quedan fuera de la Ley estando en circunstancias similares.

En concreto, el proyecto defiende una prórroga de concesiones de 75 años y el Grupo Socialista se opone a "este privilegio" porque, según opinan, hipoteca un recurso natural con actividades "impropias" de este siglo. "Nuestra posición es la de respetar los plazos de concesión de la Ley de costas de 1988, de modo que puedan recuperarse para el pleno disfrute común los terrenos que hoy ocupan", agrega. "Las industrias y actividades económicas que pretendan seguir ocupando la zona de dominio público en el litoral deben solicitar nuevas concesiones y adaptarse a un uso adecuado no contaminante, compatible con la conservación del medio natural, algo que con la Ley del PP no queda en absoluto garantizado", añade.