Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Balears y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno --como el exministro José Blanco, relacionado con la 'Operación Campeón'--, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Balears y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.
Entre las operaciones en marcha en las el archipiélago destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, en el que está implicado el 'popular' Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.
En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de corrupción.
También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.
Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad.
Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas.
La mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente.
En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución.
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