El Gobierno francés se propuso ayer aplicar un programa de reformas que pasa por la renovación del sector público para enfrentarse a las consecuencias de la crisis económica, que sitúa a Francia en una encrucijada clave.
Así lo manifestó el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, que reunió por primera vez en 2013 a los miembros del Ejecutivo en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia de la República, en un acto solemne en el que quiso hacer visible ese compromiso.
Las reformas que el Gobierno francés pretende aprobar en los próximos seis meses afectan a amplios ámbitos de la vida económica y social del país, cuyas perspectivas oficiales de crecimiento son del 0,8 por ciento, un ritmo de aumento del Producto Interior Bruto (PIB) que ya ha sido puesto en duda por algunos expertos económicos.
El país se enfrenta a una subida continuada del índice de desempleo que, según las cifras oficiales, podría situarse a mediados de año en el 10,5 por ciento.
Ayrault propuso por ello crear un "nuevo modelo" para que Francia salga de la "encrucijada" en la que se encuentra y revisar el papel de los poderes públicos para recuperar la potencia económica del país.
El primer ministro adelantó en una tribuna publicada en el diario "Le Monde" los objetivos del Gobierno para 2013 y declaró en ella que resulta "urgente restaurar la potencia de la economía y de la democracia francesas, fragilizadas por la crisis".
El primer ministro propugnó una "renovación en profundidad del modelo francés para adaptarlo al tiempo presente y dar una nueva realidad a sus valores republicanos fundadores".
Ayrault consideró que en primer lugar es necesario "repensar el papel de los poderes públicos" porque hace tiempo que el Estado "ha abandonado su función estratégica", razón por la cual "el gasto público ha perdido su eficacia".
"El endeudamiento debilita nuestra soberanía al someternos a las exigencias de los mercados financieros", explicó Ayrault, quien propugna acabar con "las duplicidades y los gastos inútiles", para responder "más eficazmente a las necesidades" que tienen los franceses.
Ayrault mencionó especialmente que su Gobierno pretende hacer cumplir la "promesa republicana de la igualdad" y dijo que actuará contra las discriminaciones "de origen social o étnico, ligadas a la identidad u orientación sexual", sin citar el polémico proyecto de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El Gobierno galo tiene ante sí la tarea de demostrar que actúa coordinado, después de que durante las últimas semanas de 2012 quedaran públicamente en evidencia algunas discordancias que obligaron al primer ministro a corregir a varios de sus ministros.'
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