Realidad. El informe detecta el retroceso en la atención social - Archivo

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El Observatorio de la Dependencia denunció ayer en su último dictamen el "desmantelamiento" de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, que suspende por primera vez.

"A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.", ha señalado el observatorio en su último dictamen.

En este sentido, el informe destaca "el empecinamiento" de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, "en no aplicar las prestaciones y servicios" que la Ley de Dependencia contempla, "poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica".

Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.

Además de estos "graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades", el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera "preocupante".