Las protestas contra los desahucios ante los domicilios de diputados del PP han enfrentado a este partido y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una polémica que encendió ayer la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al vincular al colectivo con "grupos filoetarras".
El origen de la tensión está en los escraches, término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la PAH.
Su objetivo, según explican en su página web, es "informar" a los diputados de las "consecuencias dramáticas" que podría tener su rechazo a la iniciativa legislativa popular que han presentado en el Congreso en favor de la dación en pago.
El problema es que, aunque subrayan que se trata de una "campaña pacífica" y que respetan la libertad de voto de los parlamentarios, los que han sufrido el escrache -ocho diputados del PP, según dijeron a Efe fuentes del grupo parlamentario popular-, lo consideran acoso y coacción.
Cifuentes elevó la tensión en una entrevista en RNE al vincular a estos colectivos con "grupos filoetarras" que llevan a cabo una estrategia "bastante radical".
Después, en una rueda de prensa, pidió a la PAH que aclare por qué apoyó una manifestación a favor de los presos de ETA y estimó que "la comunión de ideas entre la plataforma antidesahucios y Bildu no es algo nada positivo".
"La señora Ada Colau (portavoz de PAH) y otras personas de la plataforma han manifestado su apoyo a Bildu y Sortu y estos grupos, a mi modo de ver y de muchos españoles, tienen mucho que ver con ETA", afirmó.
En declaraciones a Efe, Colau señaló que estudiará denunciar a Cifuentes por la "gravísima y al mismo tiempo ridícula" acusación de que la PAH tiene vínculos con Bildu y Sortu.
"No tienen ninguna credibilidad porque todo el mundo nos conoce y sabe que somos un movimiento plural, pacífico y sólo trabajamos para parar los desahucios", apuntó Colau tras asegurar que los miembros de la plataforma sólo ejercen su derecho a la manifestación y lo hacen de forma pacífica. "Está todo grabado en vídeo", recalcó.
Pero la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, no está de acuerdo con ella y anunció que también estudia emprender acciones legales contra la plataforma por presuntas "coacciones" y "amenazas" a tres de sus diputados en el Congreso: Concepción Veray, Ángeles Esteller y Antonio Gallego.
Si Sánchez-Camacho da ese paso, no estará sola, ya que la semana pasada varios diputados populares, entre ellos, Esteban González Pons, denunciaron en la comisaría del Congreso el "acoso" sufrido ante sus domicilios.
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