El Gobierno recordó ayer, a través del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que los autos y sentencias judiciales, como los que obligan a impartir clases en castellano si hay un sólo alumno que lo pide, deben cumplirse, mientras que la Generalitat pide no romper la convivencia.
Los diez autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocidos anteayer, que obligan a las escuelas catalanas a impartir clases también en castellano a todos los alumnos si hay uno sólo que lo pide, siguen provocando reacciones desde los ámbitos educativo y político.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, recordó que "la Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas", por lo que "no es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer".
Según Wert, "esta cuestión hay que aclararla normativamente" y eso es lo que intenta su ministerio con la reforma educativa a través de un artículo en el que se trata de aplicar lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado.
Muy distinta es la interpretación de la Generalitat, ya que la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, reiteró que los autos del TSJC dictados para que se apliquen en varios casos concretos no serán cumplidos mientras se tramitan los recursos y que está dispuesta a asumir el riego de que la inhabiliten por ese hecho.
Según Rigau, hace años que se aplica la atención individualizada en la escuela y "siempre ha funcionado bien", por lo que, afirmó que "nunca ha habido que separar a un alumno por razón de lengua", e insistió en alertar de que determinadas resoluciones puedan "buscar romper la convivencia" en la escuela catalana.
En el Congreso, los tres diputados de ERC fueron expulsados de la tribuna por hablar reiteradamente en catalán desde la tribuna con el argumento de que lo hacían en "justa correspondencia" con los autos del TSJC, que comportan, dijeron, que una sola persona, un niño, pueda obligar a cambiar la lengua que utilizan el resto de personas de un colectivo determinado como una clase.
El primer diputado de ERC en ser expulsado fue Joan Tardà, que, después de tres llamadas al orden por parte del presidente del Congreso, Jesús Posada, fue conminado a abandonar la tribuna, no sin antes desafiar a un diputado del PP que le gritaba que se fuera con la respuesta de "ven tu, y me sacas".
Desde Barcelona, el presidente catalán, Artur Mas, se reunió con la consellera Rigau, y el titular de Justicia, Germà Gordó, para analizar la situación y las acciones a seguir.
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