La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el control de las donaciones correspondía exclusivamente al Tesorero. Asimismo, dijo que ella no tuvo que ver con la fijación de las condiciones de la salida de Luis Bárcenas del PP y, aunque negó haber tenido conocimiento de la reunión de marzo de 2010 en la que se pactaron, posteriormente se enteró de sus detalles, que entiende que fueron acordados con el presidente del partido, Mariano Rajoy, y su antecesor en el cargo y actual secretario general Javier Arenas.
De hecho, Cospedal ha reconocido que tenía una mala relación con el extesorero del PP y que desde 2009 dicha relación es "inexistente", según aseguraron fuentes presentes en la declaración.
Según ha afirmado el abogado de ADADE José Mariano Benítez de Lugo al término de la declaración, que se ha prolongado durante casi dos horas y media, De Cospedal fue preguntada por la reunión de marzo de 2010 en Génova en la que estuvieron presentes Rajoy, Arenas, Bárcenas y su mujer, y en la que el primero se habría quejado de que la secretaria general intoxicaba sobre él a la prensa. Ella ha afirmado, según el letrado, que no tuvo noticia de ese encuentro.
No obstante, y según el abogado de la acusación ejercida en nombre de IU, Enrique Santiago, De Cospedal ha sido clara al señalar que en ningún momento participó en la negociación de las condiciones de salida del extesorero del PP aunque se enteró "posteriormente", si bien no ha concretado cómo, y entiende que se acordaron en el citado encuentro.
En términos generales, De Cospedal ha negado la existencia de contabilidad B en el partido y haber cobrado sobresueldos en negro y, en la línea de lo afirmado este martes por sus antecesores en el cargo, ha reconocido que el control de las donaciones corrrespondía en exclusiva a la Tesorería de la formación y que no existían protocolos ni mecanismos para verificar el cumplimiento de la ley.
Contraviene la ley
No obstante, según han señalado, las acusaciones al término de la declaración lo dicho por De Cospedal no sólo contraviene lo señalado en la Ley General Electoral y la Ley de Partidos Políticos, sino también los propios Estatutos del PP, cuyos artículos 35 y 42 establecen claramente, según esta parte, que la última competencia de control sobre las donaciones la ostenta la Secretaría General y el Comite Ejecutivo Nacional.
También ha sorprendido a las acusaciones, tal y como ha señalado Santiago al término de la comparecencia, que De Cospedal haya manifestado que le "extrañaría" que tuviese que existir un registro de DNI de donantes del partido.
Sobre los ingresos en la cuenta del partido en el Banco de Vitoria, siempre menores de 60.000 euros (para no vulnerar la ley existente hasta 20079) y a nombre del PP, la secretaria ha afirmado que entendía que los ingresos se hacían así porque el dinero procedía de afiliados.
Además, y según las acusaciones, la actual secretaria general del PP, habría entrado en contradicción con sus antecesores en el cargo al negar taxativamente la existencia en el PP de una comisión de infraestructuras que asesoraría sobre las obras públicas a incorporar a los programas electorales. Francisco Álvarez-Cascos dijo que conocía su existencia, al igual que otro de los imputados en el caso, el empresario y supuesto donante Antonio Vilela.
En un momento de su comparecencia, De Cospedal ha sido inquirida por el propio Ruz sobre el relato de Bárcenas acerca de una supuesta donación de 200.000 euros en 2007 al partido popular manchego, que ella presidía entonces, a cambio de la obtención de una contrata en el Ayuntamiento de Toledo.
Tras negar De Cospedal su participación en este asunto, el juez ha impedido a las partes seguir preguntando por el tema, por "prudencia procesal", tras alegar que existen personas relacionadas con estos hechos que son aforadas ante otros órganos judiciales.
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