El Congreso ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Privada, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.
Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, el texto ha sido debatido hoy en la Comisión de Interior del Congreso con competencia legislativa plena y será remitido al Senado.
Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante «ruptura» de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, ha mostrado su preocupación por el notable incremento de competencias de los vigilantes privados.
Así, el ámbito donde pueden ejercer sus funciones de vigilancia son los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos.
Por otro lado, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.
De todos modos, si proceden a esas detenciones, inmediatamente deben poner a los arrestados a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado.
«Cuando viene un vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma», destacó Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a que «el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio».
Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son solo «de chapa y pintura» y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista señaló que la seguridad pública se da «por terminada».
Una «línea roja» que, en opinión de Trevín, no se debe atravesar pues el actual modelo de seguridad es referente mundial.
Preocupante, a juicio del PSOE, es también el poder que concentrarán las empresas de seguridad privada que con la nueva ley podrán tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.