Para ello, el Ejecutivo modificará la Ley de Enjuciamiento Civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de levantamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan dichos servicios sociales, según avanzó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
«No queremos que nunca más tragedias como la de ayer, y muchas otras que hayan quedado silenciadas, vuelvan a ser noticia, no debemos tolerarlo», aseguró el ministro en una comparencencia en el Senado. Las medidas para cambiar los desahucios se toman en tanto se disparan los supuestos de desalojos de viviendas en régimen de alquiler, frente a los de pisos en propiedad registrados durante la crisis, como consecuencia del aumento del precio de las rentas.
El cambio en los procesos de desahucio formará parte del paquete de medidas urgentes en materia de vivienda que Fomento ultima aprobar próximamente por Real Decreto Ley en Consejo de Ministros, y que está enfocado principalmente hacia el alquiler.
Entre el resto de iniciativas de este Real Decreto figura una «reforma fiscal» en la que trabaja el Ministerio de Hacienda con el fin de contribuir a «estimular la oferta de vivienda en alquiler y moderar sus precios».
Además, incluirá la anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para volver a ampliar desde tres a cinco años la duración del contrato de alquiler, así como limitar a dos mensualidades de renta las garantías adicionales a la firma del contrato, y garantizar que los gastos de esta formalización contractual corran a cargo del propietario de la vivienda en el caso de que sea una empresa.
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