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La mitad de los responsables autonómicos del área de sanidad han dejado sus cargos, por dimisión, cese o cambio de gobierno, sin llegar a ver el fin de la pandemia, y sus sucesores y el resto seguirán conviviendo con el virus y con la polémica, quizás en algún caso en los tribunales.

La gestión política de la pandemia se cobró su primera destitución a los 10 días del estado de alarma en la consejera de Sanidad de Canarias, la socialista Teresa Cruz Oval, que fue sustituida en junio de 2020 por el actual titular de la Consejería, Blas Trujillo (PSOE).

Solo dos meses después de la declaración del estado de alarma, el 12 de mayo de 2020, la consejera de Aragón, Pilar Ventura (PSOE), presentó su dimisión tras haber sido duramente cuestionada por decir que era un «estímulo» para los médicos tener que hacerse sus propios equipos de protección, unas palabras que ella reconoció luego como «equivocadas». Su sustituta, la ginecóloga Sira Repollés, permanece en el cargo desde entonces.

El médico Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidad de Galicia desde 2015, fue sustituido el 7 de septiembre de 2020 por el radiofísico Julio García Comesaña -entonces independiente y ahora militante del PP-, que se había estrenado en la gestión sanitaria con el bipartito del socialista Emilio Pérez Touriño y al que Alberto Núñez Feijóo eligió para alejar la gestión de la pandemia de cálculos partidistas.

En Euskadi, las elecciones del 12 de julio de 2020 supusieron el relevo de Nekane Murga por Gotzone Sagardui, ambas médicas y del PNV. Sagardui, que sigue en el cargo, se enfrentó a la mayor polémica de su gestión en enero de 2021, cuando los directores gerentes de dos hospitales bilbaínos tuvieron que abandonar sus puestos por vacunarse antes de lo que marcaba el protocolo.

En Murcia, el actual consejero de Salud, el médico de familia Juan José Pedreño, sustituyó en enero de 2021 a Manuel Villegas, tras renunciar este a su cargo por presiones de Ciudadanos, socio entonces de gobierno del PP, por vacunarse él y todo su equipo antes de lo debido.

Lo mismo le costó el puesto al consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero (PP), que acabó dimitiendo en enero de 2021 tras tratar de justificar que se había vacunado por recomendación de los técnicos del área aunque él «no quería». Su sucesor, Alberto Gaitán (PP), ha sido objeto de una denuncia de Vox en los juzgados por el «pasaporte covid».

En Cataluña, el nuevo reparto de carteras entre los socios del Govern tras las autonómicas del 14 de febrero de 2021 aupó a conseller al entonces director del Instituto Catalán de la Salud, el epidemiólogo Josep María Argimon (JxCat) en sustitución de Alba Verges (ERC), que había decretado el primer confinamiento zonal en España, el de Igualada -su ciudad- y toda la Conca de Ódena.

Una remodelación del Ejecutivo supuso también el relevo en Salud Pública de Melilla de Mohamed Mohamed Mohand (PSOE) en agosto de 2021, que meses antes, en febrero de 2021, cuando las reuniones con no convivientes estaban prohibidas, había difundido en redes un vídeo comiendo una paella con unos amigos, algo que el PP llevó al juzgado.

En Castilla y León estaba al frente de Sanidad la doctora Verónica Casado, una independiente que llegó con Ciudadanos avalada por su reconocimiento como mejor médico de familia del mundo, pero la ruptura del Gobierno de coalición se la llevó por delante tras dos años y medio en los que no hubo «ningún día bueno». Fue sustituida el pasado 21 de diciembre por Alejandro Vázquez (PP).

La última en ceder el testigo ha sido la socialista Sara Alba Corral, consejera de Salud de La Rioja hasta hace unos días, fruto de las diferencias en cómo abordar los próximos pasos en el ámbito de la sanidad regional, a pesar del reconocimiento de que su gestión de la pandemia ha sido «ejemplar». Ha sido sustituida por María Somalo San Juan (PSOE).

Siguen en el cargo

Por el contrario, siguen en el cargo los responsables de Sanidad de nueve comunidades, entre ellas Andalucía, cuyo consejero de Salud y Familias, el médico Jesús Aguirre (PP), es uno de los miembros del Gobierno autonómico mejor valorados por la ciudadanía.

En Asturias, Pablo Fernández se mantiene desde el inicio de la legislatura al frente de Salud, un departamento que dejó en diciembre pasado el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, al considerar que era el momento de que otras personas asumieran «el liderazgo político» para gestionar la pandemia.

La consellera de Salud de Baleares es, desde 2015, la enfermera Patricia Gómez, del PSOE, que se ha enfrentado a críticas a principios de 2021 a raíz de la vacunación fuera de plazo de algunos altos cargos y el pasado verano por el confinamiento forzoso de jóvenes en viaje de estudios a Mallorca.

El consejero de Sanidad de Cantabria sigue siendo el socialista Miguel Rodríguez, que ha recibido las críticas de la oposición y de los hosteleros por sus medidas de restricción, en algunas ocasiones tumbadas por los tribunales.

También permanece en el cargo toda la legislatura el consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz (PSOE), a quien el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha agradecido siempre su trabajo durante la pandemia.

Por su parte, la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló (PSPV-PSOE), ha sido objeto de varias demandas judiciales. El pasado martes se ha conocido la primera sentencia, de un Juzgado de Alicante, que condena a la Conselleria a indemnizar a médicos por la falta de protección durante la primera ola.

En Extremadura, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales es el médico José María Vergeles, del PSOE. Su única polémica fue por decir a los profesionales durante la huelga nacional de médicos que tuvieran cuidado porque «se puede pasar de héroe a villano en un segundo», lo que se interpretó como una amenaza.

Desde la anterior legislatura lleva en el cargo el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (PP), que internamente chocó con el ya exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), por los protocolos de derivación de residencias de mayores a hospitales, y externamente ha discrepado del Gobierno de España en numerosas ocasiones.

Santos Induráin, consejera de Salud de Navarra, independiente nombrada en agosto de 2019 a propuesta del PSN, mantiene el puesto aguantando las críticas de la oposición, del sector hostelero y del Sindicato Médico por su gestión de la pandemia.