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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por la fórmula de que sea el Defensor del Pueblo quien, apoyado por una comisión independiente de expertos, investigue las denuncias de abusos a menores en la Iglesia.

Fuentes de La Moncloa y del PSOE han confirmado que «esta semana» se presentará una proposición no de ley a través del grupo parlamentario socialista para que, una vez sea respaldada por el Pleno, desde el Congreso se encomiende a la institución que encabeza Ángel Gabilondo, que investigue los abusos.

La iniciativa parlamentaria, para la que el PSOE tiene que recabar los apoyos parlamentarios que respalden esta opción, está al margen de la comisión de investigación parlamentaria impulsada por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y que sigue su cauce parlamentario.

En la proposición no de ley, según adelanta este domingo El País, se encomienda al Defensor del Pueblo la elaboración de un detallado informe sobre "las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos".

La iniciativa, según el mismo diario y confirman las fuentes consultadas, plantea que el Defensor tenga el respaldo de una «comisión independiente de asesoramiento», que estará integrada por expertos, representantes de administraciones públicas, de asociaciones de víctimas y de la propia Iglesia.

El informe, cuando esté concluido se debatirá en el Pleno del Congreso e incluirá recomendaciones de cambios para evitar que estos abusos se repitan en el futuro y, sobre todo, que puedan realizarse con total impunidad como hasta ahora.

Desde la denuncia pública que realizó el escritor Alejando Palomas de los abusos que sufrió cuando era un niño, en La Moncloa estudiaron más a fondo cómo han afrontado otros países esta cuestión y el presidente se comprometió a tomar algún acción, sin descartar, ni confirmar en ningún momento el apoyo a la comisión de investigación parlamentaria que registraron otros partidos.

De hecho, en las recientes reuniones conocidas del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y del propio Sánchez con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, se abordó este tema y se informó de que el Gobierno actuaría, pero teniendo en cuenta a la jefatura de la Iglesia en España.