Detalle de una mano marcando el sentido del voto para su grupo parlamentario durante el pleno celebrado este jueves en el Congreso. | Efe

25

Era previsible, atendiendo a la tradición parlamentaria en nuestro país, y una vez más la llamada mayoría constitucionalista se ha juntado para marcar distancias con el resto de grupos, y establecer de paso una clara confrontación entre las posturas de los partidos que conforman el Gobierno. El Congreso de los Diputados, con la mayoría del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, ha rechazado usar las lenguas cooficiales en la cámara baja tal como solicitaron esta semana los nacionalistas catalanes y vascos apoyados por Unidas Podemos. El pleno del Congreso ha votado en contra de la proposición de ley de ERC, PNV y el Grupo Plural que pedía reformar el reglamento del Congreso con el fin de que se puedan utilizar con normalidad las lenguas cooficiales en las intervenciones del pleno, en las comisiones parlamentarias y en los escritos registrados.

La iniciativa ha sido rechazada este jueves por 268 votos en contra, 71 votos a favor y 2 abstenciones (CC y Teruel Existe), y contrasta con otra iniciativa similar que sí se está tramitando en el Senado para ampliar el uso del catalán, del euskera y del gallego en la actividad parlamentaria de la cámara alta. El pasado martes el nacionalismo catalán, vasco, gallego, valenciano, asturiano y aragonés desafió a la presidencia del Congreso cuando sus diputados hicieron valer sus lenguas hablando en la tribuna del pleno en sus idiomas maternos, y aunque se les permitió unos minutos de intervención, a la mayoría se les retiró el uso de la palabra al ser amonestados en tres ocasiones.

Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCAT, PDeCAT, BNG, la Cup y Compromís reivindicaron entonces una España plurinacional y la riqueza de sus lenguas y criticaron la «supremacía» del castellano en la actividad del Congreso, tras pedir traducciones simultáneas para mantener la supervivencia de sus lenguas. Estos partidos firmaron una declaración conjunta en la que recordaban que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, aprobada por el Consejo de Europa en 1992, establece el derecho a usar las respectivas lenguas, tanto en la vida pública como privada y han lamentado que su futuro sea «crítico», por la situación sociolingüística de minorización con respecto al castellano de los distintos idiomas cooficiales en España.

Los diputados advirtieron que para evidenciar la prohibición que pesa sobre las lenguas cooficiales se reservan la opción de volver a expresarse así en los plenos del Congreso con el fin de para mantener esta reivindicación viva. En este sentido, PP, Vox y Cs han coincidido en criticar que los nacionalistas quieran imponer sus lenguas a todos los españoles y han argumentado que su implantación en el Congreso supondría un elevado coste económico en tiempos de crisis, mientras que el PSOE se ha desmarcado de este argumento y ha insistido en que ya existe un «equilibrio» en el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes ya que en el Senado se está estudiando ampliar su implantación.