En concreto, cuando exista una vacante que no pueda ser cubierta por personal fijo durante un máximo de tres años. Transcurrido ese periodo la plaza solo podrá ser ocupada por personal fijo. También para la ejecución de programas de carácter temporal por un periodo no superior a tres años o por «exceso o acumulación de tareas; en este último supuesto, el plazo máximo será de nueve meses dentro de un período de dieciocho. Si fuera necesario hacer nuevos nombramientos, »se tramitará la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro«; si no se crea, »no podrá hacerse un nuevo nombramiento por la misma causa en un periodo de dos años«. Mientras, el otro grupo de temporales, los sustitutos, atenderán las funciones de personal fijo o temporal en vacaciones, permisos, dispensas y otras ausencias que comporten la reserva de plaza. Además, estos contratos servirán para una sustitución parcial vinculada a la cobertura de exención de guardias, por razón de edad o enfermedad, »pudiendo sustituir hasta dos personas «siempre que no sea posible con la plantilla disponible y »respetando los límites legales de la jornada». Por último, los sustitutos complementarán la jornada de personal estatuario que se la haya reducido.
Las más de 67.000 convocatorias tendrán que estar listas antes de que acabe el año: «Antes del 31 de diciembre han de ser publicadas todas las convocatorias correspondientes a las más de 67.000 plazas de esta situación», lo que, ha añadido Darias, «va a significar una estabilidad muy importante para el personal». Para aquellos que lleven trabajando de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016, «se va a establecer un concurso, es decir, presentarán méritos, los que se establezcan en la baremación correspondiente para acreditar ese tiempo», con el que «podrán acceder a una de las plazas que se oferten para adquirir la fijeza». Mientras, para «los que lleven trabajando tres años antes del 31 diciembre de 2020, se establecerá un concurso-oposición para que puedan acceder a esas plazas», ha dicho la ministra. La nueva ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, aunque, debido a las nuevas denominaciones del personal temporal, establece un plazo adicional de cuatro meses para realizar los cambios oportunos en los sistemas de información de recursos humanos de las administraciones. Una vez entre en vigor, el Ministerio de Sanidad iniciará en el plazo de tres meses un proceso de negociación para la actualización de la presente norma estatutaria en el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogable. Un proceso que Darias ha tildado de «complejo», pero que «va a ser llevado de la mano de la máxima cogobernanza» y que cuenta con todos los informe preceptivos que avalan su constitucionalidad.
El PP reúne a sus consejeros
La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha reunido a los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el PP y han llegado a la conclusión de que «Sánchez ni arregla la falta de médicos ni hará fijos a 67.000 sanitarios ni a ninguno». Para los populares, el presidente del Gobierno ha pretendido «patrimonializar en su provecho» un compromiso que ya están desarrollando las comunidades en virtud de la ley aprobada en diciembre del año pasado para reducir las altas tasas de temporalidad en el sector público, y que fue fruto de las reiteradas exigencias de la Comisión Europea para situarlas por debajo del 8 %. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora este real decreto, pero avisa de que a partir de ahora, velará por la seguridad jurídica y la equidad para que los procesos «sean homogéneos en toda España y que se produzcan con celeridad, conforme a los tiempos marcados en la ley».
Además, coincide en que este proceso «no va a solucionar los problemas estructurales» de la Sanidad española, que en estos momentos afronta los meses de verano con déficit de personal, el incremento diario de la presión hospitalaria y la saturación de los servicios de urgencias por la séptima ola de la COVID. Y todo ello «se verá además agravado por el reajuste de recursos como consecuencia de las vacaciones», motivo por el que CSIF reclama un plan estratégico a 5-10 años para recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el SNS, que hoy adolece de una falta de 289.235 profesionales. Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cree que es «una excelente noticia el que se acabe con la precariedad» de los trabajadores sanitarios, muchos de los cuales encadenaban contratos o tenían una situación temporal durante más de 10 años. Sin embargo, esta regularización, obligada por una sentencia del TJUE, «no supone un solo trabajador más en el sistema sanitario», por lo que no entiende bien «el triunfalismo que se exhibe». «Necesitamos un compromiso más decidido con la Sanidad Pública, que pasa necesariamente por aumentar sus plantillas. Los próximos presupuestos son el momento de hacerlo realidad», defiende.
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