Manifestantes protestan en el exterior del Congreso de los Diputados contra la votación sobre la nueva ley de Memoria Democrática. | FERNANDO VILLAR

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El proyecto de ley de Memoria Democrática ha sido aprobado este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados con el voto a favor de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno (entre ellos, EH Bildu), el rechazo de los partidos de derecha y la abstención de ERC y BNG. En concreto, el proyecto de ley ha salido adelante con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. Los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, al igual que los de EH Bildu, han aplaudido de pie la aprobación de la ley dirigiéndose a los miembros de asociaciones de memoria presentes en la tribuna de invitados.

El pacto alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos logró salvar la aprobación de la ley en el Congreso, al contar con los apoyos parlamentarios suficientes, pero la norma nace sin un consenso social y político amplio. La mayoría de las víctimas del franquismo y algunos partidos de izquierda como ERC la consideran insuficiente, mientras que la derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González han criticado el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante la norma tras la aprobación de varias enmiendas. La más polémica contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación». Esta enmienda amplía en un año lo que ya habían pactado el PSOE y Unidas Podemos, incluyendo así el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González. Con la ley de Memoria Democrática, el Gobierno busca mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a través de los principios de «verdad, justicia y reparación», así como fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.

Además, el Gobierno pretende avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que será derogada con la entrada en vigor de la nueva norma, previsiblemente en septiembre, tras su votación definitiva en el Senado y su publicación en el BOE. Por ejemplo, la nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos. La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condena, y amplía la definición de víctimas, al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.

Además, se creará un fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la norma establece que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable». Por otro lado, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, ya que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.

Entre las medidas más simbólicas, figura la supresión de un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola. Con el objetivo de hacer pedagogía entre las nuevas generaciones, la nueva ley de memoria establece la actualización de los contenidos curriculares de ESO, FP y Bachillerato para reflejar la «represión que se produjo durante la guerra y la dictadura». Y garantiza además el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.