La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante su comparecencia este lunes en Madrid para informar del nuevo paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. | Mariscal

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El Gobierno aprobó un paquete de medidas de ahorro energético para que edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, cines, así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno. Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de ayer, estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y tendrán que ser activadas en los siete días naturales siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de medidas de carácter inmediato, relató Ribera, que anunció que en septiembre se presentará el plan de contingencia y ahorro energético, con otras nuevas, para seguir reforzando el ahorro y la eficiencia, el cambio de combustible, las renovables y la solidaridad con Europa. Las adoptadas ayer se articulan sobre el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, cuya vigilancia corresponde a las comunidades autónomas, los cuales establecen un régimen sancionador «que se aplicaría» en caso de incumplimiento, recalcó.

Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22.00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración. En cualquier caso, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas.

El plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, establece que los recintos públicos deberán revisar calderas e instalaciones térmicas siempre que la última revisión fuera anterior a enero de 2021, informar de las mejoras adoptadas e incorporar termómetros que hagan visible la temperatura. El real decreto también introduce la agilización de las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, reduciendo requisitos, unos de los principales reclamos del sector, al tiempo que se facilita la inyección de gases renovables en la red de gasoductos y se potencian el almacenamiento y el autoconsumo.

Ayer también se dio luz verde «en segunda vuelta» a la Ley de Derechos Animales, una norma que, entre otras cuestiones, endurece las penas por maltrato animal y propone una política de sacrificio cero, salvo por razones sanitarias. Uno de los mayores cambios de esta legislación, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero, es precisamente impedir que se sacrifiquen animales de compañía, salvo por motivos sanitarios y eutanásicos.

Transporte

Por otra parte, se aprobó también ayer el proyecto de ley que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo. El proyecto de ley, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados, recoge la obligatoriedad de que los contratos firmados con el transportista efectivo se hagan por escrito y reflejen el precio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes asumidos por el transportista.

A la vez, el Gobierno restringió la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia a los usuarios que realizan estos trayectos habitualmente, a través de una fianza cuya devolución estará supeditada a la realización de un mínimo de 16 viajes a lo largo de los cuatro meses que durará esta medida, de septiembre a diciembre. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que el objetivo es reducir el coste mensual de las economías familiares y también promover el transporte sostenible.