La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atiende a la prensa tras la reunión telemática con los responsables autonómicos en las áreas de Energía, Industria y Comercio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en referencia al plan de ahorro de energía. | Efe

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El ajuste de termostatos en espacios públicos y el apagado de escaparates a partir de las 22:00 horas entrarán en funcionamiento este miércoles a pesar de la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han pedido la retirada del real decreto ley. Según ha explicado este lunes la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Gobierno no tiene intención de retirar o aplazar ese paquete de medidas debido al compromiso con Bruselas y ha pedido a las autonomías que remitan sus propias propuestas de ahorro energético antes de septiembre.

Durante la reunión, de más de tres horas, entre representantes del Gobierno central y responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia -todas gobernadas por el PP- han pedido que no se aplique el decreto. Además, Cataluña ha solicitado su aplazamiento, si bien «su preocupación no era tanto por el fondo sino como por acompañar a aquellos sectores que no han tomado medidas adecuadas todavía», ha relatado Ribera. No ha habido ninguna comunidad autónoma que haya dicho que no vaya a cumplir el plan de ahorro energético, ha aclarado la ministra, que ha salido «contenta» de un encuentro que ha trascurrido «en tono cordial».

A pesar de las expresiones «altisonantes en público o en redes sociales» de algunos representantes autonómicos -en alusión al «Madrid no se apaga» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, en esta ocasión, la excepción sólo «ha sido un consejero que negaba la existencia del cambio climático». Por otro lado, otra consejera ha afirmado que «había mandado una carta en la que proponía volver al carbón y ampliar la vida de las nucleares, y donde manifestaba su convicción de que el tope al gas no funcionaba», ha indicado Ribera, que, sin citar a ninguna de las dos, cree que «éstas no son propuestas, es un posicionamiento político». Ribera ha hecho hincapié en la importancia de trabajar en conjunto, por lo que ha recordado a las comunidades autónomas que sigue a la espera de propuestas específicas para el Plan de Contingencia, que el Ejecutivo prevé para septiembre.

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Ha incidido en que las medidas «inmediatas», y van en la línea de lo recomendado por la UE para asegurar el suministro energético este invierno, en plena tensión geopolítica con Rusia por la invasión de Ucrania. España «es un país comprometido y solidario», ha recalcado la ministra, que ha destacado que las iniciativas que comenzarán a aplicarse este miércoles impulsarán el compromiso con los socios europeos. «El Gobierno es respetuoso con el Estado autonómico y ha aprobado aquellas medidas que, en su competencia básica, permiten impulsar la garantía de confort térmico», ha defendido Ribera, consciente de que Moncloa «no puede sustituir la competencia de las comunidades».

A pesar del optimismo con el que ha celebrado que los presidentes autonómicos se estén interesando personalmente en cuestiones de transición energética, ve «descorazonador» que ciertas administraciones hayan buscando la forma de resistirse al decreto. «Hablar de improvisación es equivocado», ha afeado Ribera en alusión a las críticas de los últimos días, y ha recordado que desde 2009 se aplica una limitación -algo más laxa- de la climatización en sitios públicos. Tras la reunión, las autonomías contrarias a esta normativa han hecho pública su desaprobación, y la Comunidad de Madrid ya avanzado que presentará un recurso de inconstitucionalidad por la «cerrazón» del Gobierno.

Moncloa al completo ha cerrado filas en torno a estas medidas, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha solicitado responsabilidad al PP porque España «no es europeísta sólo por necesidad, sino fundamentalmente por convicción». Más directa ha sido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha pedido al PP que no haga «insumisión», en referencia a la postura de Madrid. El nuevo «Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización» busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y contribuir a asegurar el suministro de gas en la UE para el próximo invierno.

Uno de los planteamientos es el límite al termostato de espacios públicos, que también se aplica a las estaciones de autobús y tren, y a los aeropuertos, para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno. Se incluyen además el deber de apagar las luces de escaparates y el alumbrado de edificios públicos si están desocupados a partir de las 22:00 horas, y mantener las puertas cerradas cuando dispongan de sistemas en funcionamiento. Estos lugares tendrán de plazo hasta este martes -inclusive- para adoptar las medidas, que entrarán en vigor un día después.