Los espacios públicos normalizan el ahorro energético mientras sigue la crítica política

«Apagar los escaparates deja una calle súper oscura, no me van a ver el género», explicó Jesús, encargado de una zapatería de la capital. Mención especial dedicó al deber de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales climatizados, para el que los establecimientos cuentan con más tiempo de preparación, hasta antes del 30 de septiembre. «Podemos poner puertas automáticas, pero tenemos un paso de gente muy grande. No van a estar cerradas nunca», advirtió Jesús, que ha pedido presupuesto para su instalación: «son casi 10.000 euros. No sé si podremos cumplir el plazo porque los fabricantes ya tienen muchísimos problemas para suministrarlas». Sus argumentos son aplicables a las 400.000 micropymes y pymes a las que representa la Confederación Española del Comercio (CEC), que entiende que el Gobierno debería haber contado con sus aportaciones.

Preocupación

En líneas generales, el comercio de proximidad muestra su preocupación por los castigos ante un eventual incumplimiento del plan de ahorro del Ejecutivo, y admite su miedo a las multas. El régimen sancionador se remite a la Ley de Industria de 1992, que establece multas de entre 60.000 euros y 100 millones de euros dependiendo de la gravedad de la infracción. En medio de la inquietud por las medidas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, salió al paso este martes y dijo que habría que «dar un margen» a los propietarios para que sigan la normativa.

Más tranquilas amanecieron las grandes superficies que, debido a su músculo empresarial, encaran con otro ánimo la implantación de estas iniciativas, con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) apuntó que el sector «lleva mucho tiempo invirtiendo en la mejora de las instalaciones y en la aplicación de políticas de sostenibilidad». «Se está trabajando en potenciar la luz natural, la iluminación eficiente, el uso de energías renovables o la optimización del uso de agua», añadió AECC, consciente de la «necesidad» de aplicar medidas acordes con el planteamiento de Bruselas para garantizar el suministro energético este invierno.

Por su parte, la hostelería afrontó las medidas de forma «generalizada y masivamente», según el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, que vio «flexible» un decreto que permite hacer excepciones por las características de la actividad o la seguridad de los trabajadores. El límite al termostato para que no quede por debajo de 27 grados en verano ni supere los 19 en invierno se aplica en edificios y locales de uso administrativo, comercial, cultural, estaciones y aeropuertos, pero no en centros sanitarios o de formación, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí. En las últimas horas, grandes empresas, como las principales entidades bancarias de España, implantaron el plan de ahorro, que completa a otros proyectos en marcha.