La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez (d), presentan este lunes en Madrid el acto organizado con motivo del 25N, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y los datos del mes de octubre del 016. | Efe

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado este lunes que son muchas más las sentencias por delitos sexuales que no se están revisando que aquellos «poquísimos casos» que han rebajado la condena al agresor, por lo que ha pedido evitar el alarmismo mediático. En rueda de prensa, Rosell ha pedido responsabilidad a la hora de hablar de las peticiones de reducción de condenas para agresores como uno de los integrantes de 'La Manada' de Pamplona, cuyo abogado en su día ya pidió la absolución del condenado y ahora va a pedir una revisión de la pena «sin conocer que tenga posibilidad de prosperar».

«Flaco favor le hacemos a las víctimas si mezclamos casos», ha lamentado Rosell, que ha asegurado que son muchas más las sentencias que no se están revisando que las «poquísimas que se han revisado» y en las que, además, Igualdad observa errores. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha lamentado que esta confusión puede causar una alarma y terror sexual en las víctimas, además de una clara inseguridad jurídica.

Ha defendido la ley de garantía integral de la libertad sexual que, a pesar de no incrementar las penas para el agresor, tipifica como delictivas conductas y situaciones que antes no estaban contempladas, sin necesidad de que sea necesaria la violencia o la intimidación. En el mismo sentido, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha destacado que «la mejor pena es la que se aplica» y por eso con la ley del solo sí es sí aumentan los comportamientos que merecen ser castigados.

«Siempre hemos dicho que parte del problema es que los jueces tienen pocas herramientas para decidir qué comportamientos eran punibles». «Es un cambio en el esquema. Probar el consentimiento sexual es mas importante que probar la existencia de violencia o intimidación», un cambio de paradigma que -ha recordado- deviene de un mandato del Convenio de Estambul. Ha insistido «con humildad» en la necesidad de una adecuada formación de los operadores judiciales porque «para aplicar este nuevo modelo en el Código Penal se requiere de una especialización diferente, del mismo modo que un cardiólogo no atendería una medicina que tiene que ver con el pulmón».

«No es nada negativo, es una obviedad», ha sentenciado. Preguntada por si hubiera sido necesario que la ley contuviera una disposición transitoria para evitar la rebaja de condenas, Rosell ha asegurado que, de haber sido así, «no habría pasado ningún filtro de calidad normativa».

«La ley que reforma un Código Penal parte de que el Código Penal existe con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales y se insertan las novedades, pero no se dice en ningún artículo 'todo el resto sigue vigente'. Es una especie de cláusula de cierre que yo entiendo a modo dicursivo, pero eso no se hace con las reformas legales», ha explicado. Rosell ha confiado en que la alarma tras estas rebajas de condenas «está descendiendo» porque la ciudadanía está viendo que hay diferentes criterios en los tribunales y que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra, mientras se espera un dictamen de la Fiscalía General del Estado.