El plazo reglamentario para tramitar iniciativas legislativas en la Cámara Alta es de 20 días, pero los tiempos pueden acortarse, de manera que es posible que la supresión del delito de sedición se pueda acometer de manera exprés en el Senado, cumpliendo así la pretensión del Gobierno de verla aprobada definitivamente antes de terminar 2022. Eso siempre y cuando el Senado no incorpore ninguna enmienda al texto que reciba del Congreso, porque cualquier cambio que introduzca la Cámara Alta debería ser después convalidado o rechazado por el Congreso, lo que retrasaría su entrada en vigor a febrero de 2023 ya que enero es inhábil en el Parlamento y las primeras sesiones plenarias del año no se convocan hasta febrero.
Por lo pronto, la Mesa del Senado ya ha abordado en su reunión de este martes las órdenes del día de los dos plenos que celebrará en diciembre, dedicados fundamentalmente a debatir y aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023. Según ha explicado Narbona, la presentación de las cuentas públicas, una vez que esta semana las apruebe el Congreso, correrá a cargo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate de propuestas de veto que arrancará el lunes 12 de diciembre.
Así, la aprobación definitiva, tras pasar por ponencia y comisión para la posible incorporación de enmiendas, se trataría en el pleno que comenzará el 20 de diciembre. Pero hay más proyectos legislativos cuya tramitación se está ultimando en el Senado, como la Ley del Deporte, y es probable que también se traten en estos plenos, con la incógnita de si entrará la reforma del Código Penal para eliminar la sedición o exigirá convocar otro de carácter extraordinario.
Asimismo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este martes que la reforma del delito de sedición en el Código Penal que han impulsado el PSOE y Unidas Podemos se ajusta a la Constitución. Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha respondido en estos términos a la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, que considera que esa reforma es de «muy dudosa constitucionalidad».
«La reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de derecho y las garantías de todos los ciudadanos y que exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones que le son propias», según los fiscales. La portavoz ha recalcado que la norma se ajusta a la Constitución, además de aparejar el Código Penal español a los europeos y a mejorar la convivencia en Cataluña. Y ha recordado que quienes incumplen la Constitución son «otros», en referencia al PP y a su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace casi ya cuatro años.
2 comentarios
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Dijo el ególatra mentiroso que Europa se lo exige. Europa le ha respondido que eso, para variar, es mentira. Sucedió igual con el iva de los medicamentos o el de la electricidad. Vive en la mentira.
todo por la silla