En el decreto, firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso y recogido por Europa Press, se indica que estas diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional designa encargado del asunto al fiscal Manuel Campoy y apunta que las diligencias incluyen oficios al SEPRONA de la Guardia Civil; la reclamación a diferentes organismos de informes periciales sobre los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas concernidas; e informes sobre la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos.
El Ministerio Público, indica que las zonas protegidas que son objeto de estudio son las de la zona protegida 'Doñana' (código ZEPA/LIC ES0000024), la zona protegida 'Doñana Norte y Oeste' (código ZEPA/LIC ES6150009) y la zona protegida 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer' (código ZEC ES6150012). Y cita datos científicos recogidos en diferentes directivas europeas para aseverar que de ellos se desprende que «la sobrexplotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso del nivel piezométrico, descenso que ocasiona una alteración constante de las zonas protegidas del espacio natural protegido de Doñana».
En el decreto, el fiscal jefe recuerda que la aplicación del derecho de la UE corresponde tanto a los órganos propios de la Unión como a las diferentes autoridades nacionales de los estados miembro. Y advierte de que el Ministerio Fiscal, en cuanto órgano constitucional integrante de los poderes públicos del Estado y en el ejercicio de sus competencias normativas, «puede y debe promover la acción de la justicia para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del TJUE».
Sobre el hecho de que el asunto caiga en manos de la Fiscalía de la AN, explica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal es la única instancia para conocer los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los ministros y de los secretarios de Estado en general. Y advierte que la ley dispone la competencia de la Administración General del Estado para la tramitación de los procedimientos administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental. Y añade que en este caso «resulta necesaria la práctica de diligencias a fin de valorar la posible solicitud a la Administración Pública de inicio de procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental».
Por eso, indica que ahora en estas primeras diligencias identificarán a los operadores económicos y profesionales, y se pedirán los informes técnicos medioambientales pertinentes.
Se da la circunstancia de que el pasado martes la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz aprobó con los doce votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo de los siete representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el dictamen de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado -entorno de Doñana-.
La aprobación del dictamen de esta proposición de ley para regularizar zonas de regadío de dichos cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, es el paso previo para que la norma se debata y apruebe de forma definitiva en el Pleno del Parlamento. En paralelo, ese mismo día la Junta de Andalucía anunció que contaba con el «visto bueno» del Ministerio de Hacienda al modelo de pago propuesto por la administración autonómica para la operación de compra de 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma', ubicada en La Puebla del Río (Sevilla), para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana.
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