Las comunidades autónomas tienen hasta este miércoles para implantar nuevamente el uso de la mascarillas en los centros sanitarios, una medida que deben adoptar de forma voluntaria y si no Sanidad recurrirá a una declaración de actuaciones de la ley del Sistema Nacional de Salud que obliga a los territorios a ello. De esta forma este miércoles finaliza el plazo para que las comunidades autónomas impongan voluntariamente la medida, una decisión que ha levantado las quejas de once reacias a imponer su uso y mientras algunas han dicho que la acatarán, pese a oponerse, otras estudian su legalidad.
La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió ayer a las comunidades -todas salvo Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Asturias y Murcia- que se sumen a su propuesta «con un poquito de normalidad» porque es de sentido común «y la gente ya la está aplicando en los centros sanitarios pese a que no hay obligación».
De lo contrario, el Gobierno está decidido a usar la declaración de actuaciones coordinadas, contemplada en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que «obliga a todas las partes» incluidas en ella.
Presidentes autonómicos critican la falta de diálogo
Varios presidentes del PP, como los de Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, han censurado que el Ministerio de Sanidad pretenda «imponer» el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios, actuando «tarde y mal» tras una epidemia de gripe que se ha disparado en las fiestas navideñas y que, según los populares, ha pillado a la ministra «de vacaciones».
Andalucía ha considerado que «puede ser una medida positiva, pero siempre avalada por criterios sanitarios», Aragón ha cuestionado que la decisión del ministerio no haya sido tomada «pensando en la salud de los ciudadanos» sino «por las fotos» y Murcia ha reprochado al Gobierno «la falta de diálogo».
Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado la medida de Sanidad de «improvisación». «La obligación como la prohibición, recurso del gestor débil», ha opinado.
Por su parte, Galicia defiende el uso generalizado de la mascarilla en centros sanitarios, pero lamenta que Sanidad imponga la obligatoriedad sin tener en cuenta la situación epidemiológica de cada territorio.
Euskadi y Navarra, que abogan por que la medida sea una recomendación, estudiarán la legalidad de la intención del Ministerio de Sanidad.
Otras como la Comunidad Valenciana o La Rioja piden que la vuelta al uso de la mascarilla se base en informes técnicos y se tome por consenso con los actores implicados, mientras que Baleares la impondrá pero pide que cada comunidad pueda actuar en función de su estado epidemiológico.
Extremadura ha insistido en que el uso de la mascarilla para evitar los contagios debe ser recomendable y ha abogado por ser «más cauto» a la hora de dictar su obligatoriedad.
2 comentarios
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«pensando en la salud de los ciudadanos» Habrán pensado en cualquier cosa menos en la salud de los ciudadanos. Si les importara la salud de los ciudadanos, lo que harían con ese art. 65 es mejorar la SANIDAD para que no se colapse por una gripe. Y luego otra cuestión, sólo 1 de cada 5 ciudadanos de la población diana se ha vacunado, ¿por qué será?
Las mascarillas nos protegen del pensamiento libre y previenen la insumisión.