MADRID, 23/04/2024.- La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ofrece una rueda de prensa con motivo de la Junta de Portavoces, este martes. EFE/ Zipi | ZIPI

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Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide «la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente» a España, así como suprimir toda ayuda que reciban, a excepción de la asistencia humanitaria urgente.

El partido de Santiago Abascal ha presentado esta iniciativa después de que el resto de los grupos de la Cámara Baja, incluido el PP, apoyasen tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España. En su proposición, Vox rechaza el contenido de esta iniciativa popular y pide «trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública».

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha anunciado en rueda de prensa la iniciativa y ha vinculado la inmigración irregular con la inseguridad o con la falta de ayudas, argumentando que «señalar un problema no les convierte en racistas». Además de reclamar que la «expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente», Vox pide también expulsar a inmigrantes en situación regular que cometan delitos graves, una opción que ahora se contempla en algunos casos, y también a aquellos que «hagan del delito leve su forma de vida».

Este partido pide también cerrar los centros de menores migrantes no acompañados, a los que sin dar datos vincula con la inseguridad, y reclama su repatriación de forma inmediata. Este partido pide además «detener la reubicación dentro de España de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional» o que estas personas no puedan empadronarse. Todo ello en una iniciativa con 18 puntos que reclama además suspender la cooperación con los países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios o reforzar el personal para que las solicitudes de asilo u los expedientes de extranjería se resuelvan con agilidad.