Joan Carles Verd (FELIB): “Muchas leyes son inaplicables para los ayuntamientos”

¿Qué funciones y competencias tiene la FELIB? ¿Está haciendo tareas que le tocarían al Consell?
La Federació es como si fuera el sindicato de los municipios. Tenemos una función de representación legal cuando el Govern tiene que negociar con los ayuntamientos. En la Comissió Balear de Medi Ambient, en la Agència de Disciplina Urbanística, en el Consell Escolar... Más allá de esta función, la hemos querido transformar en una entidad de servicios a los ayuntamientos, que los Consells a lo mejor podrían prestar pero no prestan. De aquí puede ser que se piense que la FELIB hace tareas del Consell, pero no, si a caso lo complementa. Por otra parte, el Consell creó la Asamblea de alcaldes y puede ser que haya confusión, pero esto es una reunión informativa del presidente con los alcaldes. Cada uno tiene su rol.

Han buscado el consenso de los municipios en normativa sobre terrazas, botellón... ¿Les hacen falta guías de actuación?
Sí. Trabajamos el tema de las ordenanzas para intentar unificar los criterios o, como mínimo, apoyar a los ayuntamientos más pequeños, que a nivel técnico no tienen tanta estructura. Si yo quiero hacer una ordenanza sobre el botellón, puedo disponer de una ordenanza modelo y adaptarla a las circunstancias de mi municipio. También hemos editado una guía para que los municipios puedan tener unos criterios a la hora de aplicar la Ley de transparencia. Y hemos hecho formación sobre la Ley de contratos a la que han asistido regidores y técnicos municipales.

¿La FELIB actúa sin importar el color político?
Yo estoy convencido que sí, y nos lo reconoce todo el mundo. Hemos sido críticos en defensa de los ayuntamientos ante otras instituciones y hemos defendido la autonomía municipal.

En permisos de obra, ¿cuál es la posición de la FELIB?
Hemos tenido varias reuniones con el colegio de arquitectos porque había preocupación por el retraso en las licencias. Aquí hay causas multifactoriales. Cada ayuntamiento puede contar su historia. Veníamos de grandes recortes y los departamentos de Urbanismo se habían reducido mucho. El hecho de que vuelva a haber una gran demanda en poco tiempo y la poca flexibilidad que tenemos los ayuntamientos a la hora de contratar ha hecho que los servicios puedan haber quedado saturados. También hay una indefinición normativa y una inseguridad jurídica que hace que los ayuntamientos, ante determinadas licencias, pidan informes. A veces los proyectos no cumplen la normativa. Y también retrasan sobrecargas sobrevenidas. Por ejemplo, se nos ha endosado a los ayuntamientos tener que informar sobre si una vivienda turística está en una zona donde está permitido, cuando podría hacerlo perfectamente el Consell. Ha habido una avalancha de propietarios que nos piden un certificado. Los ayuntamientos tenemos una parte de responsabilidad, pero somos hijos de las circunstancias.

¿Podría valorar lo mejor que ha hecho la FELIB bajo su mandato?
En cuanto a cosas positivas, destacaría que hemos conseguido que la FELIB sea más conocida. Nadie lo puede negar. Hemos puesto en marcha el Aula de Regidors para hacer formación continuada a los regidores que empiezan su mandato, tanto hace cuatro años como ahora. Reciben una guía de la FELIB que les explica cómo funciona un ayuntamiento o qué hace el secretario municipal, por ejemplo. Y hemos puesto en marcha la central de compras, un hito histórico porque nos hemos puesto de acuerdo para ejercer el poder real que tenemos. Endesa ha ganado el concurso. Los ayuntamientos se pueden adherir a la compra de energía para obtener este servicio cumpliendo la ley y al mejor precio.

¿Y qué queda pendiente?
Queda pendiente potenciar más el centro de estudios locales, una base de datos municipal. También pedimos que se cree una comisión que tenga que emitir un informe, no necesariamente vinculante pero sí preceptivo, sobre cualquier ley del Govern que afecte a nuestras competencias. Como hace el Consell Escolar con las leyes educativas. Ahora nos encontramos que muchas leyes que afectan a nuestras competencias son inaplicables porque ni se entiende lo que dice el legislador o porque el día a día lo hace inviable. Para evitarlo, necesitamos tener voz cuando se hacen las leyes.