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La semana pasada supimos que el número de autónomos en marzo se situó en niveles preCOVID, con 90.628 personas de alta en la seguridad social, según un estudio elaborado por la Direcció General de Model Econòmic que analiza la evolución de estos trabajadores en el año 2020.

Pero ¿podemos decir que es un buen dato? Depende, habría que analizar bien las cifras para poder extraer conclusiones. Muchos de estos autónomos siguen de alta para poder recibir el subsidio por cese de actividad, y una vez se acabe, se darán de baja cuando finalice la prestación. Es el único ingreso que tienen porque sus negocios están literalmente cerrados y las ayudas no han llegado a todos, y a veces son insuficientes para una pandemia que ya se está alargando demasiado y de la que todavía los expertos no se atreven a poner fecha de finalización, con noticias diarias de restricciones, cancelaciones de vuelos, falta de vacunas, etc..

El peso del trabajo autónomo en las Illes Balears representó a finales de 2020 casi el 22% del conjunto de los trabajadores activos, o lo que es lo mismo, 1 de cada 5 trabajadores de Balears lo es por autoempleo, porcentaje superior a la media estatal (17,5%) y europea (14,3%).

La pandemia y el confinamiento ha traído nuevos yacimientos de empleo autónomo, como los repartidores, el transporte, las obras y pequeñas reformas, del sector sanitario, informáticos por cuenta propia, etc. y ha dejado tocados o hundidos a otros sectores que ya todos conocemos (salas de fiestas, ocio, comercio, restauración, actividades turísticas, etc...).

Pero no queda otra que la de seguir luchando y aguantar, ser resiliente (tener capacidad para adaptarse a las situaciones adversas). Aunque el autónomo (que a veces también es sinónimo de emprendedor o empresario) parece que se resiste a desparecer, hay que tener en cuenta que no es fácil puesto que es una figura jurídica en desventaja frente a las de un trabajador asalariado (en las prestaciones por desempleo, por incapacidad temporal, jubilación, etc.).

Además, está sometido a una carga fiscal alta comparada con la del resto de países del entorno y está sujeto a una carga psicológica muy grande; a diferencia de una empresa responde de sus deudas con su patrimonio actual y futuro, y lucha por su negocio o actividad 24 horas al día 365 días al año, con pandemia o sin ella.