El informe destaca su enorme crecimiento en los últimos años, el 80% del crecimiento total de todos los sistemas alojativos y sus consecuencias: encarecimiento de los precios en los barrios más atractivos, desplazamiento de la población residente, deterioro de las condiciones de habitabilidad y convivencia, menor creación de empleo y de peor calidad, escasa contribución fiscal, muy inferior a la de los hoteles, que puede no bastar para cubrir los gastos de los servicios públicos necesarios, con lo que estaríamos financiando a muchos turistas.
Revitur solicita que la Administración del Estado establezca un marco general en temas de su competencia y que ayude a las CCAA y las corporaciones locales a hacer cumplir sus normativas.
Pide la regulación nacional de la actuación de los intermediarios y de las plataformas de internet que las comercializan y la intervención de las Juntas de propietarios en los edificios de propiedad horizontal.
Todo esto sería necesario para evitar volver al modelo anterior a la pandemia: de crecimiento en el número de turistas con menor gasto, mayor coste ambiental y contestación ciudadana creciente.
Hay que felicitar a Exceltur por el trabajo, sin que importe que sea parte interesada al defender los intereses de sus afiliados -es su obligación-. El único pero -siempre hace falta introducir uno- es la ausencia de solicitud de medidas de carácter fiscal. La oposición del empresariado turístico a las tasas o impuestos específicos pudo haber impuesto esa limitación, a pesar de que varios de los ayuntamientos participantes son partidarios de estas.