La Conselleria de Asuntos Sociales ha iniciado una campaña para que se empadronen entre 2.000 y 3.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Baleares, para lo cual repartirá 40.000 trípticos y 2.000 carteles entre las asociaciones y casals de extranjeros, locutorios, sindicatos y oficinas de servicios sociales.
En una rueda de prensa, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, explicó que mediante esta campaña, que se puso en marcha hace ocho años por el anterior Pacto de Progreso y que la continuó el Govern de Jaume Matas, pretende recordar a los inmigrantes su "obligación" de empadronarse en el municipio en el que residen, tal como establece el Tribunal Constitucional, con el fin de poder acceder a la educación y a la sanidad pública, así como a los servicios sociales.
Santiago reveló que, actualmente, un total de 100.000 extranjeros no comunitarios están empadronados en alguno de los municipios de las islas, de los cuales entre 10.000 y 12.000 se encuentran en situación irregular. A ellos, según indicó, hay que sumar los alrededor de 3.000 inmigrantes irregulares que permanecen sin empadronar en el archipiélago y a los que va a dirigida la citada campaña.
Concretamente, los trípticos y los carteles recuerdan a este colectivo que para empadronarse en un municipio de las islas, es imprescindible aportar la fotocopia del pasaporte o del permiso de residencia o de trabajo, además del original de la escritura de propiedad o del contrato de alquiler en vigor o del suministro de gas, electricidad o teléfono.
No obstante, Santiago recordó que, en caso de que los inmigrantes no cuenten con pasaporte, ni con un contrato de trabajo ni de alquiler, es suficiente con que presenten ante el Ayuntamiento un informe del Departamento de Asuntos Sociales que certifique que esta persona reside en el municipio.
Por otro lado, la consellera remarcó que la sanidad pública "no deja de atender a nadie" porque no esté empadronado, si bien advirtió de que en tal caso, se enviará a esta persona una factura de los gastos ocasionados, teniendo en cuenta que no tenía derecho a esta atención sanitaria gratuita.
LOS AYUNTAMIENTOS DE BALEARES NO EMULARÁN A VIC
Respecto a la polémica surgida en la localidad catalana de Vic, cuyo Ayuntamiento pretende dejar de empadronar a los extranjeros 'sin papeles' amparándose en que entrar en España precisa autorización, Santiago señaló que "por la información que tenemos y por la postura de los alcaldes, no parece que los Ayuntamientos de Baleares vayan a adoptar esta medida, sino todo lo contrario, ya que están optando por una política de integración", tal como, a su juicio, lo demuestra el hecho de que "todos se presenten a la convocatoria de subvenciones del Govern para facilitar mediadores culturales".
Así, recalcó que los Consistorios deben cumplir el artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente" y, en esta línea, auguró que en Baleares, no habrá ningún Ayuntamiento que se niegue a empadronar a los extranjeros en situación irregular, ya que este tipo de medidas "no se entienden".
Además, recordó que tanto la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, como el Colegio de Abogados, han criticado la decisión del Consistorio de Vic, gobernado por el democristiano Josep Maria Vila d'Abadal, al considerar que se está "vulnerando los derechos y deberes de los inmigrantes sin regularizar".
Por otra parte, Santiago admitió que, actualmente, "no existe límite" en cuanto al número de personas que se pueden empadronar en una vivienda, de forma que señaló que algunos Ayuntamientos se están planteando fijar unos límites para comprobar el "nivel de hacinamiento" de inmigrantes que existe en determinados domicilios, teniendo en cuenta que puede provocar "problemas de salud" entre este colectivo.
Santiago reconoció que hay algunos Consistorios de las islas, como el de Palma, que exigen a las personas que desean empadronarse un documento que acredite que está residiendo en una vivienda, si bien precisó que esta medida "no es nueva", sino que se adoptó después de que se comprobara que había personas que se empadronaban no en función de la dirección de su vivienda, sino del colegio público al que querían matricular a sus hijos.
"La exigencia de este certificado puede suponer un obstáculo, pero no tenemos datos de que sea una dificultad, ya que un ciudadano que vive de alquiler puede acreditar que reside con la persona que desea empadronarse", explicó la consellera de Asuntos Sociales.
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