El fraude del Metro de Palma podría ascender a 3,8 millones

Así lo informó a Europa Press el director general de Movilidad, Antoni Verger, quien explicó que la Conselleria ha decidido poner en conocimiento estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción tras encargar una auditoría técnica de las obras del Metro a la empresa INECO-TIFSA, así como una posterior auditoría jurídica al gabinete de Miquel Coca.

Verger detalló que tras estas auditorías, los servicios jurídicos de la Conselleria han considerado que existían una serie de hechos "relevantes" durante las obras del Metro que podrían tener "algún indicio de infracción penal" y, en este sentido, recalcó que "hemos cumplido con nuestra obligación de defender el interés público".

Concretamente, señaló que las citadas auditorías técnicas y jurídicas detectaron que había una serie de "unidades de obras certificadas" por la entonces directora de obras del Metro, Ana García, que no habían sido ejecutadas y cuyo coste ascendía a 2,5 millones de euros.

No obstante, destacó que este pago aún no se ha hecho efectivo y remarcó que se restará de la liquidación final, tras no constar que estos trabajos se llevaran a cabo, pese a estar certificados por la anterior directora de Obras, sobre quien recaería toda la responsabilidad penal, en caso de que la Fiscalía considerase que se ha cometido algún tipo de infracción.

Asimismo, la Conselleria de Movilidad ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el pago durante el anterior Govern de Jaume Matas de una partida de 1,3 millones de euros "sin ningún tipo de base contractual" por parte de Servicios Ferroviarios de Mallorca a la Consultora Global TM, encargada de fiscalizar el transcurso de las obras, lo que también podría ser constitutivo de algún delito.

Mabel Cabrer se defiende
La ex consellera de Transportes, Mabel Cabrer, criticó ayer estar sufriendo una persecución política por parte del Govern y remarcó que la partida de 2,5 millones que investiga la Fiscalía no ha supuesto ninguna merma de dinero público, ya que el Ejecutivo autonómico todavía no ha realizado la liquidación final de las obras. Destacó que la ley prevé un margen de un 10 por ciento de diferencia con el presupuesto de adjudicación que estaría en 15 millones de euros, mientras que la desviación que alega el Govern es de 2,5 millones.

Por otra parte, la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, exigió ayer al presidente del Govern, Francesc Antich, que lleve a la Fiscalía los desfases presupuestarios del actual Ejecutivo autonómico y los que realizó el anterior Consell de Mallorca. En caso de que no se haga, Estaràs indicó que demostraría que se está persiguiendo a un solo partido para destruir la imagen honrada de miles de personas.