"Sin crisis económica, el nuevo modelo de financiación ya se habría cerrado"

¿Balears dejará de ser la comunidad más rezagada en el capítulo de la financiación?
El Govern trabaja desde esa convicción. Estamos convencidos de que mejorará sustancialmente nuestra financiación actual y de que el resultado de la negociación estará dentro de la horquilla que manejamos y que, por otra parte, es muy amplia (oscila entre los 380 y los 700 millones de euros adicionales).
El Gobierno se ha comprometido a que, al final del proceso, Balears se sitúe en la media de financiación per cápita de las comunidades, según las cifras de 2006 -no las de este año, que, lógicamente, habrán aumentado si, al término de la negociación, todas las regiones mejoran sus condiciones-. Hoy estamos 21 puntos por debajo; no tiene sentido que el Estado nos maltrate de esta manera. ¿Sería aceptable un acuerdo que redujera esta distancia a 19 puntos? Sí, yo firmaría inmediatamente.

¿Son ustedes conscientes de que si no lo consiguen será un fracaso político?
Una cosa es lo que necesita el país y otra, lo que conviene a un partido. Y las Islas necesitan esta mejora; lo ha dicho el presidente del Gobierno y lo ha dicho el ministro de Hacienda. Nunca antes lo habíamos tenido mejor. Ya no hablamos de suposiciones, sino de cifras, de balanzas fiscales. ¿Cómo debería acabar este tema? Con Balears equiparada a la media de comunidades. Lo contrario será un fracaso político pero, sobre todo, será un fracaso para el país.

El objetivo económico es ambicioso para estos tiempos de crisis.
El actual modelo de financiación se cerró con cifras de población de 1999. En los últimos cinco años la población de las Islas se ha incrementado en 250.000 habitantes. Y la Comunidad Autónoma tiene que garantizar a estos habitantes unos servicios para los que no tiene financiación.
Sin las dificultades económicas actuales el nuevo modelo de financiación ya estaría cerrado. El Estado está retrasando el acuerdo final porque sabe que lo que tiene ahora sobre la mesa -la oferta de los 7.000 millones de euros- no es suficiente para satisfacer las reivindicaciones del conjunto de autonomías. No lo tiene fácil, porque la crisis limita el dinero disponible.

¿Hasta qué punto se verán condicionadas las futuras transferencias a los consells?
Somos conscientes de sus dificultades de financiación, pero sólo podremos hablar de ello cuando hayamos resuelto el modelo autonómico. Una vez cerrado un acuerdo en Madrid, nos tendremos que sentar con los consells, entre otras razones porque nos obliga una ley, que, por cierto, no tuvo ninguna aplicación durante la última legislatura. Mientras eso no suceda, vamos poniendo "parches", soluciones provisionales. El traspaso de competencias no será fácil, porque los consells siempre reivindican una dotación económica superior a lo que le cuesta a la Comunidad Autónoma gestionar esas mismas competencias para las cuatro islas.

¿Acaso no es lógico que manejen más dinero si pretenden, como dicen, mejorar la gestión?
Pero el traspaso se efectúa siempre desde el punto de partida del coste efectivo, esto es, de lo que cuesta esa competencia a la administración que la transfiere. Si hay que añadir dinero, tenemos que saber de dónde saldrá. Y en este punto hablaremos del sistema de financiación, del cual obtendremos esa cantidad adicional. A la Comunidad Autónoma no le puede costar más dinero que los consells hagan ahora lo mismo que hacía ella antes, pero también es cierto que los consells no pueden gestionar las competencias nuevas sin una cantidad adicional. De manera que habrá que buscar nuevas fórmulas.
El segundo problema al que nos enfrentamos es el de definir qué funciones de una misma materia competen a los consells y cuáles a la Comunidad Autónoma. Nadie debería pensar que estos procesos de transferencia significan la desaparición de la comunidad. Y hay algunas personas que lo piensan. Por ejemplo, en un futuro cada isla realizará su propia promoción turística. ¿Quién hará la promoción de Balears? El Govern tiene que asegurarse una reserva competencial; somos una entidad suprainsular y debemos defender los intereses comunes. Creo que el actual Estatut d'Autonomia es muy insularista, y deja a la Comunidad Autónoma poco definida, la desdibuja. Y esto es origen de fricciones que se verán a medida que el proceso de transferencias vaya avanzando. Hay que encontrar un equilibrio.

Crisis económica
La crisis económica lo invade todo y obliga a las administraciones a poner "parches". ¿Hasta qué punto la situación se les ha escapado de las manos?
En primer lugar hay que aclarar que ésta es una crisis global. Una comunidad pequeña como la nuestra tiene un poder de actuación muy restringido, y no puede actuar sobre su origen. Pero debo decir que cuando llegó la crisis, sorprendió a este Govern sentado en torno a una mesa de diálogo con los interlocutores sociales y económicos. Entonces negociábamos un pacto por la competitividad y la cohesión social, que era lo que nos interesaba a mediados de 2007, pero cambiamos de objetivo y, junto con estos mismos interlocutores, hemos puesto en marcha actuaciones que pretenden reactivar la situación con nuestros propios medios. Fuimos la primera Comunidad Autónoma que planteó en sede parlamentaria un plan de medidas contra la crisis. ¿Es insuficiente? Seguro, pero no tenemos más instrumentos y hemos ido incorporando otras medidas adicionales ante las nuevas situaciones concretas que surgen.

¿Con qué perspectivas trabajan?
Teníamos un engranaje que rodaba a 120 revoluciones por minuto y que ahora va a 40. Lo más peligroso sería que se detuviera por completo, porque costaría mucho arrancarlo de nuevo. Por eso debemos pedir un esfuerzo suplementario a los bancos y las instituciones públicas han de facilitar la inversión privada, aunque eso suponga la suspensión temporal de determinadas garantías. Éste es un momento de emergencia.
Por otra parte no podemos dejarnos llevar por la falta de confianza. Hay gente que mantiene hoy el mismo nivel adquisitivo que hace un año y que ha dejado de consumir y ha aplazado sus decisiones de compra, pese a que los precios han bajado. Su solidaridad con la situación actual consiste en que no retraigan su consumo. Yo les pediría que gasten, con moderación, pero sin desconfianza.

¿La situación económica revela el agotamiento del modelo económico diversificado de Menorca?
El desmantelamiento industrial de Menorca es un proceso muy largo y la crisis económica ha puesto este fenómeno encima de la mesa. La Isla necesita más que nunca un pacto social; tiene potencialidades enormes pero padece la sustitución del tejido industrial por inversiones turísticas que tal vez no son las que necesitamos.
En Menorca no hay prácticamente grupos hoteleros ni empresarios turísticos, pese a que el turismo es la actividad económica más importante. Ha habido mucha sensatez en muchas cosas y, por tanto, la Isla tiene un producto perfecto para vender. Probablemente es la mejor en cuanto a preservación ambiental y paisajística, pero esto no basta para asegurar el futuro. Hay necesidad de inversiones en infraestructuras y ha de recuperarse la figura del empresario; aquella fuerza emprendedora que surgió en los años más difíciles del siglo pasado, que se crecía ante las dificultades y que hoy ha desaparecido, salvo honrosísimas excepciones. Hoy día todo el mundo quiere ser funcionario o tener inversiones que le produzcan réditos. Evidentemente hay otros elementos que influyen en esta situación actual, como las carencias en materia de transporte aéreo.

¿Kraft cerrará finalmente la fábrica de El Caserío?
Aquí hay mucha gente que está trabajando en estos momentos para que eso no suceda. Tengo la esperanza de que se podrá mantener la actividad, porque lo contrario sería la guinda de un mal pastel. El Caserío forma parte del paisaje socioeconómico de la Isla. Su desaparición sería como si se hundiera el Faro de Cavalleria. La fábrica tiene que quedarse aquí. La marca será más difícil que se quede. Soy más optimista hoy que hace dos meses, porque la labor institucional y de los sindicatos y trabajadores facilita mucho que este proceso pueda tener un buen final.
Sin embargo la reacción social que ha causado el anuncio de cierre de El Caserío debería haberse producido antes. Hace años que corre este rumor y es preciso reaccionar antes de que las cosas sean irreversibles.

¿Qué le parece la crisis política que se vive en el Ayuntamiento de Ciutadella?
Éste ha de ser un motivo de reflexión para todas las fuerzas políticas. Es un lío que han creado los partidos y que a los ciudadanos, que ya miran a los políticos con una cierta distancia y, en algunos casos, con una cierta aversión, les da más munición para acentuar la desconfianza que experimentan hacia ellos. Generalmente la responsabilidad de una crisis como ésta es compartida. Es un espectáculo lamentable que no debería repetirse nunca más.

El Parlament ha encomendado al Govern que estudie reclamar el traspaso de los puertos del Estado, ¿es viable este proyecto?
A nivel jurídico tiene muy difícil encaje. Y el PP reivindica ahora una competencia que no propuso hace dos años, cuando se reformó el Estatut. Hay que tener en cuenta que el Estado no la ha traspasado a ninguna comunidad. Si Catalunya, Andalucía o Canarias no la han recibido, será raro que la obtenga Balears. Eso no quiere decir que no sea muy importante para el desarrollo de las Islas. Basta ver cuál es el tratamiento que reciben por parte de Autoridad Portuaria instituciones náutico-deportivas de toda la vida, que es distinto al que se dispensa en los puertos autonómicos. Si el de Maó fuera un puerto de la Comunidad Autónoma, el Club Marítimo habría mantenido la concesión de los amarres, porque la normativa dice que es prorrogable siempre y cuando no sea una actividad lucrativa, mientras que la ley estatal obliga a convocar concurso. Es un camino que tiene que abrirse, pero es un camino largo.