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Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach basaron hoy su petición de prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros contra el ex presidente del Govern, Jaume Matas, en el elevado riesgo de fuga del imputado y en la "acreditada alteración de las pruebas" practicadas hasta el momento, lo que se deduce de las grabaciones que han aparecido durante los interrogatorios practicados durante esta semana, según informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes señalaron que ya le ha sido retirado el pasaporte al ex presidente a pesar de que el juez José Castro todavía debe pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público, una medida que se incluye entre las denominadas medidas cautelarísimas y que únicamente se solicitan en casos de urgencia. La Fiscalía también ha solicitado la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de que Matas comparezca cada quince días en el juzgado.

Durante la diligencia, en la que el ex presidente se mantuvo "muy entero" según coincidieron en manifestar algunos de los letrados presentes, la Fiscalía imputó al encausado delitos penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de prisión, que podría elevarse una vez se abra juicio oral y se califiquen los hechos delictivos que se le atribuyen.

Al respecto, varias fuentes consultadas explicaron que los 18 años están calculados sin aplicar los denominados concursos de normas que, cuando finalice la fase de instrucción y se elabore el escrito de calificación, podrían variar la petición de la pena respecto a esos mismos tipos penales.

El código penal establece unos límites máximos de cumplimiento, por lo que no necesariamente a quien condenan a una determinada pena cumplirá los años impuestos, sino los límites máximos fijados por la ley. De acuerdo a esta normativa, existe un límite que es el del triple de la mayor de las penas dictadas, de modo que el delito más grave que en este caso se le imputa a Matas sería de seis años, lo que quedaría traducido en un total de 18 años.