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El ex presidente del Govern, Jaume Matas, tiene hasta las 24.00 horas del próximo miércoles, 7 de abril, para abonar la fianza de 3 millones de euros que el juez José Castro le ha impuesto si quiere eludir ingresar en prisión provisional, una caución que coincide con la reclamada por el Ministerio Fiscal, si bien los fiscales solicitaron que el encausado la abonara en tan sólo 24 horas, plazo que el juez ha ampliado a 72 horas.

Así viene recogido en un auto de más de cien páginas en el que el juez instructor del caso notifica las medidas cautelares decretadas contra el ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, quien el lunes solicitó la suspensión temporal como militante del PP, evitando así al partido tener que darle de baja. Matas se enfrenta a numerosos delitos de corrupción por los que deberá responder ante la justicia.

En concreto, la fiscalía le imputa los delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

El juez José Castro comunicó en la mañana del martes al abogado de Matas, Rafael Perera, la adopción de medidas cautelares contra el ex presidente, entre las que figuran la retirada del pasaporte -que ya fue ordenada el pasado viernes como medida cautelarísima para evitar su sustracción de la justicia hasta que el juez se pronunciase-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de comparecer quincenalmente 'apud acta' ante el juzgado.

Matas podrá solicitar comparecer en otro juzgado fuera de Palma, como ya hizo el ex concejal del Ayuntamiento Javier Rodrigo de Santos, condenado por malversación de caudales públicos y abusos sexuales, quien solicitó comparecer ante una comisaría de policía de Madrid.

Mientras tanto, Castro decretó también la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia cada quince días para el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, también imputado dentro del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente.