La Fiscalía Anticorrupción subraya, en su escrito de acusación de 418 páginas que ha presentado en el marco del caso Scala, que "absolutamente" todos los expedientes de contratación tramitados durante la pasada legislatura del PP por el Consorcio de Desarrollo Económico de Balears (CDEIB) fueron simulados a fin de que los fondos de esta empresa pública finalizasen en las cuentas del entonces conseller Josep Joan Cardona y otros acusados que se vieron beneficiados de esta presunta trama.
En un contundente escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público afirma, en base al análisis de los 133 contratos impulsados por el Consorcio y de las numerosas facturas halladas sin justificación alguna que las ampare, que los expedientes de contratación fueron la pieza "fundamental" del "engranaje" ideado por los imputados para lucrarse y tienen su origen "en un acto ilegal y arbitrario" efectuado al margen de la Ley.
"No se trata de meras irregularidades, sino de infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas que entran en plena contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de la administración e incurriendo en una ilegalidad voluntaria", llega a incidir la acusación pública, que solicita para los 18 acusados de esta causa un total de 115 años y medio de prisión así como elevadas indemnizaciones. Las penas de cárcel más elevadas las pide para Cardona, ex conseller de Comercio, Industria y Energía (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).
Tal y como asevera el escrito, al que se ha adherido la Abogacía de la Comunidad Autónoma como acusación particular, en todos los expedientes de contratación es Cardona quien acuerda su inicio y quien resuelve la adjudicación a determinadas empresas, que habían sido creadas al efecto y que eran controladas por los principales acusados a través de presuntos testaferros, mientras que la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, era quien coordinaba la tramitación burocrática del expediente.
Un complejo entramado del que, de acuerdo a las investigaciones, se sirvieron para desviar más de siete millones de euros de las arcas públicas. Y es que con su conducta los imputados consiguieron que más de 3,7 millones de euros públicos fuesen desviados para su beneficio privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros 3,3 millones. Asimismo, habrían obtenido el cobro de más de 1,2 millones de euros en concepto de comisiones que los proveedores del CDEIB se vieron obligados a pagar por su contratación.
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