La jueza abre juicio oral contra Munar, Nadal, Vicens y Flaquer

Así lo ha decretado la magistrada mediante su auto de apertura de juicio oral seis meses después de que la Fiscalía presentase su escrito de acusación por esta causa, en el marco de la cual reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que finalmente no les acusa de un delito de malversación de caudales públicos.

Este nuevo paso acerca aún más a los seis acusados al banquillo, si bien en el caso de la exdirigente histórica de UM no será seguro que sea juzgada hasta que la Audiencia no resuelva el recurso que su defensa presentó contra el auto que ponía fin a la instrucción de la causa. Una resolución que mantenía que Munar "conocía y participó" en la trama presuntamente irregular urdida en torno a la venta de los solares palmesanos a Sacresa y Ferrà Tur a pesar de que Núñez y Navarro, con la interposición de cuya querella fue incoado el caso, ofrecía el doble.

El auto de apertura de juicio oral también se dirige contra Santiago Fiol, abogado asesor contratado por Sacresa para su expansión en Palma y a quien la jueza instructora considera la "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja Pons, que presuntamente dirigía y se responsabilizaba de la recepción y preparación del concurso.

Mientras tanto, la jueza ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros a la que deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria Munar, Flaquer, Vicens, Nadal y Sanahúja, al tiempo que reclama a Fiol otra caución por importe de 200.000 euros. En caso de que no puedan pagar estas cantidades, deberán designar sus bienes hasta cubrir las fianzas fijadas para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cabe recordar que Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.

En el anterior auto que ponía fin a la instrucción y que decretaba el pase a procedimiento abreviado del caso, dictado en noviembre del pasado año, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la histórica dirigente de UM.

Asimismo, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.

"La enajenación no podía pasar por alto a Munar"
"La enajenación de Can Domenge no era un asunto más que pudiese pasar por alto a la presidenta", subrayaba la jueza, quien aprecia "indicios bastantes" de que "por razón de su cargo, la influencia y poder que ejercía sobre los consejeros directamente implicados" y por su "participación en las reuniones en que se fijaban aspectos esenciales" del proceso, "participó en los hechos aviniéndose a la forma y elementos del concurso". Es más, aseveraba que la competencia para adjudicarlo correspondía a la propia Munar, de tal forma que pese a estar ausente por enfermedad en el pleno en que se aprobó la enajenación "no cabe pensar que se desentendiese del asunto".

Sin embargo, la expresidenta insular no es la única contra la que cargaba González al recalcar, en el caso de Nadal, que tuvo una intervención "personal y activa" en la desafectación de los terrenos y participó de forma directa en la transmisión de información a Sacresa, además de firmar el decreto de aprobación del expediente de contratación para la enajenación, el 30 de diciembre de 2005.

En cuanto a Vicens, recordaba que fue quien solicitó por escrito la enajenación del inmueble y quien "desde el primer momento ya mostró su opción por la forma de concurso", sin que se justificase "de forma razonable" por qué existían otros factores determinantes distintos del precio. Mientras tanto, señala sobre Flaquer que su departamento era el que tenía la competencia para la tramitación del expediente de enajenación y él quien propuso que se desestimasen las alegaciones formuladas a la desafectación.

Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al entonces aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que la exlíder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.