El Parlament aprueba el decreto de medidas tributarias urgentes

Tras la aprobación de este Decreto Ley por parte del Consell de Govern el pasado 2 de diciembre, la Cámara autonómica acogió el debate de esta normativa, que contempla una bonificación del cien por cien en el pago del Impuesto de Patrimonio, con lo que la comunidad, según admitió el Ejecutivo balear, renunciará a ingresar alrededor de 23 millones de euros.

El vicepresidente económico de Promoción Empresarial y Ocupación, Josep Ignasi Aguiló, señaló que uno de los objetivos de la bonificación es evitar la pérdida de recaudación a raíz de "posibles deslocalizaciones a otras Comunidades Autónomas".

Por su parte, los partidos de la oposición señalaron que las medidas que contempla este Decreto Ley son "claramente insuficientes" y tendrán "pocos efectos sobre la economía real" de la comunidad, indicó la parlamentaria del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Joana Lluïsa Mascaró.

El socialista Antoni Diéguez criticó la "poca ortodoxia" del Govern con esta normativa porque es "la primera vez en esta comunidad que se aprueba la Ley de Acompañamiento después de los Presupuestos". Además, lamentó que se actúe sobre tributos y la reducción de ingresos de las Islas, lo que, según dijo, es como estar cruzando el desierto y "vaciar la cantimplora de agua".

Así, destacó que se trata de un "decreto ideológico" que está "empapado de ideología 'neocon'" con la que "arrasan" los recursos del Estado y reducen las prestaciones sociales. "Es un paso más en la carnicería social", apuntó.

Diéguez también reprochó al Ejecutivo que la normativa no actúe sobre la falta de crédito ni sobre la atonía del consumo y que sí contemple bonificaciones. Además, al igual que Mascaró, consideró que no tendrá "repercusiones" en la creación de empresas e hizo hincapié en que, pese a no tener efectos positivos en la economía, su aplicación "pesará" a las arcas públicas.