Con los votos a favor de los diputados del PP, en contra de la oposición y en presencia de contrariados representantes del sector del pequeño y mediano comercio balear, el Parlament dio ayer el visto bueno al decreto ley 11/2012 de 19 de octubre, que modifica e impone una nueva regulación de la actividad comercial en las Islas.
En la práctica, la validación de la norma supone elevar a 90 las horas semanales de apertura (un 25 por ciento más que ahora) y fijar en 10 los domingos y festivos en los que pueden abrir los establecimientos comerciales, dos más que en la actualidad. Pero la norma va más allá y amplía a todo el año la posibilidad de apertura en las denominadas zonas de afluencia turística de las ciudades y, además, otorga libertad total a los establecimientos para ofrecer rebajas cuando lo estimen oportuno, desapareciendo la regulación de los periodos de ofertas. A partir de enero de 2013, las rebajas serán cuando cada comercio disponga, con la única condición de que los artículos rebajados hayan estado al menos un mes a la venta.
Tanto el PSOE como el PSM-IV-ExM destacaron que la regulación que hace el Govern balear supone un mortal ataque al tejido comercial de las Islas y una apuesta por la defensa de las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio. Ambos coincidieron en señalar que por cada nuevo puesto de trabajo que crea la apertura de una nueva superficie comercial, se destruyen dos puestos en el comercio, además de augurar el cierre de más de un millar de comercios. La oposición pidió que, como mínimo, se tramitara la normativa como una ley, dando lugar a la posibilidad de debatir y dialogar. El PP rechazó esta opción.
La oposición también coincidió en criticar que el Govern haya asumido la normativa estatal –a la que se adapta el mencionado decreto-, en lugar de denunciar invasión de competencias como sí han hecho otras comunidades o bien elaborar una normativa que permitiera conjugar los intereses de todo tipo de comercios y que no sólo sea beneficiosa para los grandes. Criticó duramente la oposición que con la nueva norma se modifique una regulación que fue consensuada con el sector comercial y coincidieron en destacar cómo los comerciantes de las Islas se han sentido tratados por este Govern, "el peor" en 30 años, y en que las protestas del sector no tienen precedentes en nuestras Islas.
El vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y Empleo, Josep Ignasi Aguiló, defendió la nueva normativa, asegurando que facilita la dinámica comercial y fortalece al sector, ya que tendrá efectos productivos, generará más ocupación y también una mayor competencia de precios.
Aguiló destacó que la norma aumentará las posibilidades de que los turistas que visitan las Islas compren, "permitiendo actuar a los comercios como exportadores", apuntó para añadir que la ocupación en el sector había aumentado en un 1,2 por ciento.
La diputada socialista Pilar Sansó resaltó cómo a la grave situación que está atravesando el comercio por la crisis económica, habrá que sumar ahora las consecuencias de una normativa que sólo beneficia a las grandes superficies y a las franquicias. "El pequeño comercio desaparecerá por la crisis y por sus políticas", recriminó la socialista, añadiendo que con esta regulación, los comercios tradicionales no podrán competir ni en horarios ni en ofertas.
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