Mientras Pere Rotger dirigirá hoy como presidente del Parlament el debate del estado de la comunidad -salvo sorpresas de última hora-, su abogado, el penalista Gaspar Oliver, solicitará ante el juez de caso Over Marketing el levantamiento de la imputación que pesa en su contra y el archivo de las diligencias respecto de su patrocinado. El PP sigue manteniendo su postura de esperar la suerte judicial de Rotger antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro político.
Rotger, que prestó declaración como imputado anteayer, aseguró que confiaba en presidir el debate del estado de la comunidad y dejó claro que no tenía intención de dimitir. La petición de la defensa de Rotger será resuelta por el juez José Castro, una vez oído el Ministerio Fiscal, que relaciona a Rotger con un contrato, supuestamente amañado, por valor de 20.300 euros pagado a Over cuando él era alcalde de Inca. Rotger niega las acusaciones y admite que pudo haber algún error administrativo.
La situación procesal del presidente del Parlament y el desarrollo de la investigación del caso Over Marketing (pieza separada del caso Palma Arena en la que se indaga si pudo pagarse la campaña del PP de 2003 con la adjudicación irregular de concursos a Over durante el mandato de Jaume Matas y con dinero negro) planeará sin duda sobre la sesión plenaria de hoy, una de las citas parlamentarias más importantes del año.
De hecho, los dos partidos de la oposición, PSIB-PSOE y PSM-IV-ExM, cuestionaron ayer abiertamente el hecho de que el debate de la comunidad vaya a celebrarse bajo la presidencia de una persona imputada y criticaron que el presidente José Ramón Bauzá no haya dado aún explicaciones ni haya tomado decisiones sobre el asunto. Quizás hoy sea el día.
En los juzgados, tras las declaraciones de este fin de semana del expresidente Jaume Matas, elex delegado del Gobierno José María Rodríguez y el presidente del Parlament Pere Rotger, las comparecencias judiciales del caso Over sorprendieron ayer con las primeras peticiones de fianza de responsabilidad civil planteadas por el Ministerio Fiscal en el marco de esta pieza separada del Palma-Arena.
Y es que el fiscal anticorrupción Pere Horrach solicitó ayer la imposición de una fianza de responsabilidad civil –para garantizar una eventual cobertura del perjuicio económico causado a las arcas públicas con contratos supuestamente irregulares- de 169.000 euros para la exjefa de prensa de la Conselleria de Salud y Consumo María Luisa Durán, por su presunta responsabilidad en una serie de contratos (realizados mediante procedimientos negociados) que los investigadores consideran amañados. La fiscalía sostiene que se simuló que se invitaba a otras empresas a participar en los procedimientos, cuando, en realidad, se trataba de Over y "satélites" de la propia empresa, para el desarrollo de una campaña sobre mujer y tabaquismo y otras sobre hábitos saludables.
El fiscal planteó la petición después de la comparecencia de Durán, durante la cual ella sostuvo que en ningún momento fue consciente ni tuvo intención de comenter ninguna irregularidad. Negó haber recibido orden alguna de la entonces consellera, Aina Castillo, de favorecer a Over y señaló que ésta le indicó que diera trabajo a todas las agencias por igual. Durán admitió que fue ella misma quien invitó a las distintas empresas a participar en el negociado y no aclaró si sabía que todas ellas eran del entorno de Over.
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