La Fiscalía apunta que Alabern amañó concursos públicos

Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press y que ha dictado el juez para decretar, tras la presentación del escrito del Ministerio Público, la apertura de una nueva pieza separada en el marco del denominado caso Ibatur, que estalló centrando sus pesquisas en un presunto desvío de millones de euros públicos a través de este organismo público durante la legislatura del PP de 2003 a 2007 y que luego fueron extendidas a la siguiente, cuando el Ibatur estaba en manos de Unió Mallorquina (UM).

Se trata de un nuevo fleco en el que, de acuerdo a la resolución judicial, se encuentran imputados el propio Alabern así como el exdirector general del Ibatur Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet, los empresarios Bartolomé Morey, Guillermo Deyà, Kamal Dorai y la mujer de éste, Francisca Jaume, por la presunta comisión de delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa, defraudación a la Administración, falsedad documental, cohecho activo y tráfico de influencias.

En el caso de Alabern, quien además ya está siendo investigado en el caso Palma Arena así como en la pieza de esta causa centrada en las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, la Fiscalía relata cómo aprovechando el cargo que ocupaba en el Ibatur "planificó y desarrolló actuaciones" dirigidas a que "se omitiera de forma consciente y deliberada del procedimiento administrativo legal en diversos expedientes de contratación que tramitó en el Ibatur". Una actuación que, según el fiscal Juan Carrau, llevó a cabo prescindiendo "total y absolutamente del procedimiento administrativo" y procediendo "a facilitar la adjudicación de numerosos contratos de prestaciones de servicios" a distintas personas y empresas con las que "se había previamente concertado al efecto". Entre ellos, con los empresarios Guillermo Deyà y Bartolomé Morey, de cuya empresa llegó Alabern a cobrar comisiones, según la Fiscalía. Todo ello mediante la presunta elaboración de presupuestos falsos en tanto que "simulaban pertenecer a determinadas empresas" y que posteriormente eran presentados ante el Ibatur, en ocasiones incluso "suplantando la firma e intervención de otras personas".

En el caso de Alía, la Fiscalía postula que, aprovechando la posición que ocupaba en la empresa pública, intervino en un expediente negociado sin publicidad adjudicado al empresario Kamal Dorai, lo que posibilitó el pago de fondos públicos al contratista "sin que exista justificación del servicio que se dice prestado".

Asimismo, como administrador único de la empresa Amengual & Pino, Alía supuestamente posibilitó que su mercantil fuera adjudicataria de tres contratos menores por un importe total de 34.800 euros "sin que exista ninguna justificación de la realización de los servicios contratados", tal y como asevera el fiscal, que precisa que tan sólo existe un certificado de conformidad firmado por Miquel Àngel Bonet con el visto bueno de Raimundo Alabern.

Según la acusación pública, Alía llegó a cobrar comisiones por la concesión de contratos en favor de la empresa Centro de Comunicación Creativa, de la que era responsable Bartolomé Morey y de la que también habría cobrado Alabern. El fiscal señala que, en relación a Morey, éste atendió a las solicitudes de pago de dádivas, cuyo sobrecoste "era cargado en la facturación a los fondos públicos del Ibatur". Se da la circunstancia de que, en el marco de otras pesquisas, las del caso Nóos, la propia abogada del Govern -personado como parte perjudicada-, Mari Ángeles Berrocal, aseveraba textualmente que los fondos que recibió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, del Ibatur "no son fondos de la Comunidad Autónoma balear", a lo que el juez José Castro respondió con "sorpresa" por tratarse el Ibatur de un organismo dependiente del Ejecutivo autonómico.