Urdangarin, esta mañana a su llegada a los juzgados de Palma. Reuters

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El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ya ha empezado a responder a las preguntas del juez que instruye el caso Nóos, José Castro, de manera que no se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Urdangarin ha empezado a declarar ante Castro y los fiscales Anticorrupción Juan Carrau, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán a las 10.00 horas, media hora después de lo inicialmente previsto, después de que haya llegado a los Juzgados de Vía Alemania a las 09.12 horas, acompañado de su abogado, Mario Pascual.

El marido de la Infanta Cristina declara una semana después de que lo hiciera ante Castro su exsocio Diego Torres, quien presentó numerosos correos electrónicos y otros documentos durante su comparecencia ante el instructor del caso Nóos.

A su declaración, seguirá a las 13.00 la del secretario personal de las Infantas y quien fuera miembro de la junta directiva de Nóos, Carlos García Revenga, cuyo nombre figura en varios de los emails aportados por Torres y que revelan la labor de asesoramiento que habría llevado a cabo con el Duque respecto a su actividad empresarial, lo que llevó al juez a acordar su imputación en el marco de este complejo procedimiento judicial.

Después de que Torres apuntase que la Casa Real supervisaba y estaba al corriente de las actividades desplegadas por Nóos, ahora será el turno del yerno del Rey Don Juan Carlos de dar su versión sobre estos hechos. Y es que, según su exsocio, la labor del Instituto se realizaba más en concreto con el conocimiento de Revenga así como del asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, mientras que Urdangarin solía "consultar" con su mujer las propuestas que se abordaban en Nóos.

Mientras tanto, el exbalonmanista prevé ser interrogado sobre el ofrecimiento que, según Torres, le hizo a éste el abogado del Duque a cambio de que guardara silencio en torno a los hechos investigados en esta causa. De acuerdo a las palabras de su exsocio, en el despacho del letrado de Torres, el representante legal de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ofreció pagarle los honorarios de su defensa e incluso "un buen trabajo" en Sudamérica. Algo que negó después el letrado del Duque.

Por otro lado, entre la numerosa documentación entregada al juez se encuentran los correos en los que Urdangarin pedía a la noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein formar parte de la fundación de ésta, denominada Laureus, por recomendación del Rey don Juan Carlos, asunto sobre el que también será previsiblemente interrogado.

Se da la circunstancia de que el nombre de Corinna, amiga del Rey, aparece en varios de los emails aportados hace varias semanas por parte de Torres, en los que el Instituto Nóos agradece la participación de la noble en la primera edición del Valencia Summit, investigado por un supuesto desvío de fondos públicos en su organización.

Presunto fraude fiscal de 470.000 euros

Otra de las cuestiones sobre las que el juez y los fiscales contemplan interpelar al encausado es el presunto fraude fiscal de hasta 470.000 en el que tanto el Duque como su exsocio habrían incurrido durante los años 2006 y 2007, de acuerdo a la documentación aportada a la causa por la Agencia Tributaria de Cataluña, a la que tuvo acceso Europa Press. En concreto, la Fiscalía imputa a ambos un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta.

Y es que, según los datos de Hacienda, ambos habrían defraudado un total de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, todo ello al declarar gastos supuestamente "irreales" que "no podían deducirse válidamente", mientras que eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF que habría defraudado el yerno del Rey en 2007 y 2008.

En concreto, entre los gastos analizados por Hacienda se encuentran los procedentes de supuestos servicios prestados por sociedades relacionadas con ambos encausados, como De Goes Center for Stakeholders Management, Lobby de Comunicación, Nóos Consultoría Estratégica y Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica, cuyas facturas "no responden a servicio real alguno", según la Agencia Tributaria.

La Fiscalía asevera incluso que, al margen de estos datos, la cuota defraudada podría modificarse al alza durante el curso de la instrucción debido a la existencia de más gastos deducidos por Nóos que responden al mismo patrón: facturas por servicios ficticios.

En el caso del Duque, la acusación pública, en base a los datos de la Agencia Tributaria, apunta a que durante 2007 y 2008 percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de Aizoon -inmobiliaria de la que es copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta- a fin de tributar menos en su declaración de la renta.

Es más, Hacienda acusa al Duque de haber "interpuesto" a Aizoon para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como los de su propio servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el mismo objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

Fianza civil de 8,2 millones de euros

Cabe recordar que sobre Urdangarin y Torres pesa una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, resultado de los 1,2 millones de euros que el Govern balear pagó a Nóos por la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros pagados por la Generalitat Valenciana por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).