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El exconseller de Turismo del Govern balear Francesc Buils ingresará este jueves en la cárcel de Palma de Mallorca, para lo cual deberá recoger antes de las 14.00 horas el mandamiento de prisión, que se lo entregará la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su condena de tres años por el caso Voltor.

Así lo han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que han señalado que una vez que recoja el mandamiento de prisión, tendrá todo el día para acudir voluntariamente a la cárcel.

Precisamente, Buils entrará en la cárcel un día después de que lo hiciera la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma decidiera, a petición de la Fiscalía, su ingreso en prisión provisional sin fianza, al considerar que hay riesgo de fuga y la posibilidad que eluda hacer frente a las reponsabilidades civiles que pesan sobre ella en el marco del caso Can Domenge, por el que este martes fue condenada a seis años de prisión.

Por su parte, cabe recordar que este martes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dio un plazo de 48 horas a Buils para que ingrese de manera voluntaria en la prisión la capital balear, después de que el Tribunal Supremo ratificara la semana pasada su condena de tres años de cárcel por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ejecutados en continuidad delictiva, en el marco de la pieza número 4 del Caso Voltor.

Así, la citada Sección Segunda condenó el 26 de junio de 2012 a Buils por gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, a quien favoreció con dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) para beneficiarle.

Se trata de la primera condena en el marco del caso Voltor, cuya operación policial, que estalló a principios de 2010 con la detención de varios exaltos cargos de UM, provocó una crisis sin precedentes en el Ejecutivo autonómico, cuyo entonces presidente, Francesc Antich, decidió expulsar a todos los cargos ejecutivos de esta formación de las principales instituciones de las islas, rompiendo así el pacto de gobernabilidad firmado con los uemitas en 2007, lo que le llevó a gobernar en minoría.

La sentencia, que fue confirmada la semana pasada por el TS, que desestimó el recurso de casación presentado por Buils, considera probado que Buils favoreció a Arbona con 15.000 euros procedentes de fondos públicos, con el fin de que éste influyera positivamente a su favor y de su corriente en el Congreso de UM para que obtuvieran respaldo los candidatos al Consejo Político que eran de su misma tendencia.

Así, señala que Arbona estuvo de acuerdo en cobrar los citados 15.000 euros y, como no era posible recibirlos sin justificación de pago, Buils planeó que se hiciera simulando su contratación a cargo del organismo autónomo, denominado Instituto de Estrategia Turística (Inestur) del que el exconsejero de Turismo era su presidente, so pretexto de que el exprimer edil de Sóller había realizado e iba a realizar labores de asesoramiento que eran del todo punto "innecesarias".

En esta línea, la sentencia sostiene que eran "innecesarias", debido a que al ser el Inestur un organismo autónomo y no estar adscrito al mismo funcionarios de carrera que pudieran poner impedimentos a la contratación y ser sus responsables miembros de UM, resultaría "mucho más fácil lograr dicho propósito".

Para ello, indica que se acordó que Arbona debería de hacer como contraprestación algún tipo de servicio, por intrascedente que fuera y sin utilidad alguna, para conceder justificación a los 15.000 euros y otorgar apariencia de legalidad a la entrega gratuita de fondos públicos.

Así, y conforme a las instrucciones impartidas por Buils, se decidió crear dentro del área de IMET (Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico), de la que era su jefe el acusado Antonio Rebassa, dos expedientes de contratación, uno en el 2007, por importe de 2.999,76 euros y otro en el año 2008 por valor de 12.000 euros, ya que no era posible realizar un solo pago de 15.000 euros en el 2007 sin incumplir la entonces vigente normativa de contratos.

La sentencia apunta que ejecutado el plan diseñado por Buils en 2007, Arbona presentó para su cobro en el Inestur una factura de 2.999,76 euros, que fue íntegramente confeccionada por el empleado del Inestur, adscrito a Imet, que actuó por orden directa del gerente Antonio Oliver y el concepto por el que se libraba era el de 'Trabajos de coordinación y asesoramiento en senderismo en la Serra de Tramuntana, oferta cultural y de naturaleza con el objeto de buena oferta turística'.

En esta línea, señala que la factura fue presentada sin que se hubiera justificado la realización de trabajo alguno, no estaba soportada en expediente de contratación ni en resolución que aprobase dicho pago y su importe fue abonado por Antonio Oliver siguiendo las instrucciones de Buils en una cuenta de la que era titular Antonio Arbona.