Núria Riera, portavoz del Govern - Archivo

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El Govern ha revelado este viernes que hace unos meses reclamó al sindicato UGT el reintegro de 1,2 millones de euros que recibieron en subvenciones entre los años 2007 y 2011 -durante la pasada legislatura- y que no se justificaron.


La portavoz del Ejecutivo balear, Núria Riera, ha explicado que el Govern detectó estas irregularidades después de que Europa pidiese la justificación de estas cantidades.

Así, inició una auditoría y, tras ésta, reclamó a UGT el reintegro de esta cantidad, si bien este proceso se encuentra actualmente en fase de alegaciones, por lo que la organización sindical podría "justificar si se han destinado las cantidades oportunamente".

Riera ha señalado que en la misma situación que UGT se encuentran otras organizaciones sindicales y empresariales que recibieron ayudas entre los años 2007 y 2011, aunque no ha querido dar ningún otro nombre y únicamente, preguntada por un periodista, ha admitido que esta situación afecta también a CAEB.

Riera ha incidido en que "se están tramitando estos procedimientos" y ha detallado que, en el caso concreto de UGT, hace referencia a que el sindicato encargó a una filial la realización de actividades de formación y ésta, a su vez, contrató a otras dos.

No revela el nombre de otras entidades investigadas

La portavoz, que ha rechazado en varias ocasiones dar el nombre de las entidades que recibieron subvenciones y están siendo investigadas para "velar por la confidencialidad para una buena tramitación", ha dicho que sí cita al sindicato porque ha sido una información que ha salido en los medios de comunicación.

En cualquier caso, ha negado que el hecho de referirse a UGT tenga relación con la querella que el sindicato interpuso al presidente del Govern, José Ramón Bauzá.

Riera tampoco ha detallado el número de entidades investigadas, la cifra total, ni si la cantidad corresponde únicamente a fondos europeos puesto que "el SOIB se nutre de fondos europeos y propios".

Se podría llevar a fiscalía

Finalmente, en relación a si el Govern llevará este tema a la Fiscalía, ha manifestado que será algo que se determine "a resultas de lo que se detecte". "Se dará el traslado que se considere, ahora no se pueden hacer valoraciones" hasta que concluyan los expedientes, ha zanjado.