La ley que regula la creación de la Oficina Anticorrupción, que dirige Jaime Far, establece que su responsable tendrá autonomía y trabajará con absoluta independencia del Govern y del Parlament.

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Los primeros pasos de Jaime Far al frente de la Oficina Anticorrupción están empezando a provocar recelos entre algunos representantes del Pacte, que ven con alarma su decisión de poner en marcha toda una serie de registros y ficheros de carácter personal sin contar para ello con el Govern. Entienden que es una clara extralimitación de funciones.

El último movimiento de Far ha sido la aprobación de una resolución por la cual se crean una serie de ficheros con datos de carácter personal entre los que figuran, entre otros, el de cargos públicos, con sus posibles sociedades y participaciones en entidades, así como el relativo a personas que hayan cometidos delitos procesales, penales o que tengan sanciones pecuniarias, administrativas o privativas de libertad.

Otro fichero contendrá información sobre el trámite en que se encuentren los procesos judiciales, incluidas las personas a las que afecten estos procesos o sobre las que los juzgados hayan pedido información económica, patrimonial o hayan sido sancionadas por faltas administrativas. Far también anuncia la puesta en marcha de un fichero con información sobre los procedimientos de investigación que se estén realizando, las fases previas, las actuaciones asociadas y otra información relevante sobre las personas afectadas por estas investigaciones. Otros ficheros que se crean incluyen datos bancarios y declaraciones de IRPF, del impuesto de patrimonio y de intereses patrimoniales de los cargos públicos.

Miembros del Pacte consideran que el anuncio de la creación de todos estos ficheros con los que Far quiere comenzar a trabajar suponen una extralimitación en sus funciones y temen que esta sea la tónica a partir de ahora.