La intención del Govern es ampliar el parque público de vivienda para destinar estos pisos al alquiler. En la actualidad, la Comunitat solo dispone de 2.269 pisos en propiedad, pero la cifra ha llegado a superar los 10.000.

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El Govern acaba de adquirir sus primeras cuatro viviendas de protección oficial ejerciendo el derecho preferente de adquisición, lo que se conoce como derecho de tanteo y retracto. Lo que implica este derecho es que cualquier propietario de una VPO que pretenda venderla antes de que hayan pasado 15 años desde que la adquirió tiene la obligación de ofrecérsela al Ejecutivo en primer lugar.

Se trata de cuatro viviendas, dos en Marratxí y otras dos en Manacor, que se han comprado a un precio que ronda los 100.000 euros cada una de ellas. «Es el primer paso, pero la voluntad es continuar en esta línea y recomprar todas las viviendas que podamos dentro de nuestras posibilidades económicas», asegura el conseller de Territori, Marc Pons.

La Administración no había ejercido nunca hasta ahora este derecho, por lo que el propietario de la vivienda podía ponerla a la venta en el mercado libre, aunque a un precio tasado por la propia administración. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos pisos se terminaban vendiendo a un precio muy superior al oficial ya que en las transacciones aparecía dinero negro entre el comprador y el vendedor.

Contra la especulación

Con esta recompra por parte del Ejecutivo, se consigue un doble objetivo. Por un lado, se evita que ciudadanos que han comprado pisos gracias a ayuda públicas especulen después con ellas. También evita que los pisos de VPO suban de precio de forma exagerada y contribuyan al alza general de las tasaciones.

El segundo objetivo tiene que ver con el fomento de las políticas públicas de vivienda. El conseller Marc Pons explica que el Govern quiere ampliar su parque de vivienda para ofrecerla en alquiler a precios razonables y facilitar el acceso de los ciudadanos a este derecho constitucional. La Administración dispone ahora de 2.269 pisos en propiedad, pero hace unos años la cifra superaba los 10.000. Esa pérdida de capital inmobiliario se ha debido a que los ciudadanos han ido adquiriendo la propiedad de sus pisos pasados los 15 años que marca ley porque hasta ahora no se había ejecutado este derecho.