PALMA. TRANSPORTE AEREO. El aeropuerto de Son Sant Joan contabilizará entre julio y agosto más de cinco millones de pasajeros. Refuerzo. AENA, tras las colas registradas el día 1 en los controles sanitarios en Son Sant Joan , reforzó ayer todas las medidas para evitar que los pasajeros llegaran a los controles sin haber rellenado los formularios COVID-19. La situación se normalizará en los próximos días. | T. AYUGA

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Govern y las principales patronales de Balears exigen al Gobierno central que se mantenga el actual descuento de residente del 75 por ciento, ya que en caso de eliminarlo supondría un agravío comparativo para los ciudadanos de las Islas. Al mismo tiempo, ponen en tela de juicio el informe de AIReF y centran su crítica en que el objetivo es eliminar un derecho a los ciudadanos de Balears sin controlar la escalada de precios que han realizado las aerolíneas desde mediados de 2018, fecha en la que se incrementó el descuento del 50 al 75 por ciento.

El conseller Marc Pons, afirmó ayer: «No puede haber ni un paso atrás en el descuento del 75 por ciento y la supresión de esta ayuda no es un planteamiento del Gobierno». Manifestó la preocupación del Goven por el documento de la AIReF y añadió que el informe no tiene en cuenta algunos aspectos específicos de los residentes en las Islas, como el hecho de que tampoco tienen la posibilidad de utilizar el AVE. «El objetivo debe centrarse en analizar el comportamiento de las compañías aéreas y tomar medidas al respecto, como una declaración de OSP en abierto y con un precio máximo para todas las compañías aéreas», afirmó.

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, fue aún más tajante: «Aplicar un recorte dejará en la cuneta a los ciudadanos y empresas de Balears, a pesar de que también financian con sus impuestos infraestructuras que facilitan la movilidad peninsular». Mostró su «más enérgica oposición» a una posible alteración del sistema de subvenciones. Afirmó que el descuento es «irrenunciable» y añadió: «El Gobierno de España cometerá un imperdonable agravio comparativo que perjudicará a los ciudadanos y empresas de Baleares frente a los del resto de comunidades peninsulares, ya que los dejará en la cuneta».