El conseller de Educació, Martí March, posa en la biblioteca del Parlament. | M. À. Cañellas

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Se empezó a gestar en la pasada legislatura, pero no será hasta el martes que el Parlament apruebe definitivamente la primera ley educativa de Balears. El conseller de Educació, Martí March, la presentó en verano junto a la presidenta, Francina Armengol, afirmando que servirá para que «no haya ruptura cada vez que hay un cambio de gobierno». A continuación ofrecemos algunas de las claves que definen esta normativa, que los sindicatos del sector, como STEI Intersindical, ANPE, UOB Ensenyament y USO, la ven como insuficiente.

Más inversión en educación. La ley irá acompañada de una memoria económica para garantizar el cumplimiento de uno de los artículos más ambiciosos, el que recoge el compromiso de llegar al menos al 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) de inversión en educación en un período máximos de ocho años.

Reducir un 10 % las ratios. La futura normativa establecerá un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que la Conselleria d’Educació elabore un plan que tenga como objetivo reducir progresivamente las ratios máximas en las aulas para favorecer una disminución de, como mínimo, un 10 %.

Modelo lingüístico. La ley apuesta por el mismo modelo lingüístico impulsado por el PP con el apoyo del resto de partidos hace 20 años, y para ello se basa en la Llei de Normalització Lingüística, en el Decret de Mínims de un 50 % de clases en catalán y en que el castellano sea considerada lengua vehicular. Todas estas posturas han sido criticadas por entidades a favor de la lengua, como el Movimient per l’Escola en Català y la Obra Cultural Balear, por considerala una normativa poco ambiciosa basada en un modelo que no ha servido para mejorar el estado de salud del catalán.

Incrementar instalaciones. La ley obligará al Govern a disponer un nuevo plan de infraestructuras educativas revisable cada dos años que tendrá que tener una memoria económica y previsión de financiación para incrementar el número de instalaciones educativas, como escuelas, institutos y centros de formación profesional, entre otros.

Más plazas de escoleta. La propuesta del Pacte pretende garantizar la progresiva extensión de la educación Infantil 0-3 con el objetivo de universalizarla y hacerla gratuita con el tiempo. Además, se marca como objetivo un plan para la creación de nuevas plazas de escoleta y el mantenimiento de éstas.

Medidas para la concertada. La enseñanza concertada verá institucionalizada en la nueva ley las políticas que se han ido haciendo desde 2015 en este sector, como es la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades físicas. También recoge la posibilidad de conciertos singulares para enseñanzas no obligatorias y prevé establecer un plan temporalizado para revisar los módulos y garantizar que la concertada sea gratuita.

Más autonomía. La ley fomentará la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para potenciar la descentralización de la actividad educativa. Apostará por una dirección educativa más profesionalizada y lo reconocerá como un mérito en el proceso de provisión de plazas.

Inclusividad. La normativa dedica un capítulo completo a la educación inclusiva y garantizará un incremento de recursos humanos y económicos para ello.

Formación Profesional. La ley impulsará y ampliará la oferta de FP adaptada al tejido productivo balear y establecerá que la modalidad de FP dual se formalice exclusivamente con un contrato laboral de formación y aprendizaje.

Profesorado. El nuevo texto recoge el desarrollo de la profesión docente y una regularización de la carrera.