El tranvía de Palma es uno de los proyectos pendiente de los fondos que deben llegar de la Unión Europea.

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El Gobierno amenaza con llevar al Tribunal Constitucional la ley de medidas extraordinarias para ejecutar los fondos europeos que aprobó el Parlament el pasado mes de diciembre. El Gobierno considera que algunos de los aspectos que recoge el texto podrían ser inconstitucionales y abre un proceso de negociación con el Govern para ver si llegan a un acuerdo para resolver las discrepancias con cinco artículos de la ley.

La mayor parte de las disposiciones que cuestiona el Gobierno central tienen que ver con la agilización administrativa de los trámites que debe seguir la administración para el desarrollo de estos fondos. El Govern pretendía con la ley que la ejecución de todos los proyectos financiados con los fondos europeos se hicieran por el trámite de urgencia o por despacho prioritario sin que se requiera motivación específica.

El Ejecutivo balear pretende acelerar toda la tramitación de los proyectos con la creación de un grupo de expertos, que puede estar formado por empleados públicos o profesionales externos, que tenían un máximo de 10 días de plazo para la valoración de los criterios de adjudicación. La norma ahora cuestionada por el Gobierno de Pedro Sánchez también incluye disposiciones relacionadas con la función pública para facilitar la movilidad de los funcionarios en caso de necesidad.

Medidas de Función Pública

La norma sobre la que pesa la amenaza de recurso permite,  como norma general, comisiones de servicio durante un periodo de cuatro años tanto para personal funcionario o estatutario. Si la convocatoria se declara desierta, «y visto el carácter prioritario y preferente de la gestión de estos fondos europeos», se puede atribuir directamente al personal funcionario la ejecución de tareas o funciones diferentes a las de su puesto de trabajo. Este es otro de los aspectos que cuestiona el Gobierno central. Por último, también cuestiona que los consellers o los órganos competentes de las empresas públicas pueden nombrar a dedo a los llamados «directores de proyecto», que deben recaer «de forma preferente», pero no de forma obligatoria, en personal funcionario, según afirma el texto en cuestión.