Muchos comercios apagaron ayer las luces a las 22.00 horas como marca el decreto. | Pilar Pellicer

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El temor a que el Real Decreto de ahorro y eficiencia energética desemboque en una espiral de perjuicios económicos en forma de inversión en instalaciones o en posibles multas sobrevuela desde hace días entre los comerciantes, especialmente en la pequeña y mediana empresa, que ayer, en el primer día de aplicación de la nueva normativa, era todavía un mar de dudas y preocupaciones. Con el fin de esclarecer esas dudas, el Govern lanzó un mensaje de tranquilidad en una reunión mantenida ayer tarde por vía telemática con los representantes de todas las patronales del comercio en Balears, grandes y pequeñas. En el encuentro se les    trasladó que se les dará margen suficiente para poder adaptarse al decreto, el cual, es un texto «flexible» y «de sentido común».

En la reunión participaron el vicepresident y conseller de Transició Energètica, JuanPedro Yllanes; el conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela y el director general de Comerç, Miquel Piñol. Por parte de los comerciantes participaron representantes de Afedeco, Pimeco, PIMEM-Comerç, Anged y Apresco (grandes superficies), ASEDAS (supermercados), y Ascome. Piñol recordó que existe una prevalencia de la normativa laboral vigente sobre el decreto energético. Asimismo, insistió en que se puede recurrir a alternativas eficientes a la instalación de puertas automáticas que garanticen el aislamiento térmico.

El director general también quiso aclarar que el apagado de las luces a partir de las 22 horas solo se aplicaría a comercios en zonas sin clientela a esa hora, por lo que quedarían exentos establecimientos como las tiendas de souvenirs de núcleos turísticos con actividad nocturna. Además, aseguró que se tendrá en consideración las particularidades de determinados tipos de comercio que requieren de una temperatura específica para la conservación de sus productos.

Ante todo, Piñol quiso suscribir las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para dejar bien claro que «no hay una actitud punitiva por parte del Gobierno». Por su parte, el presidente de Afedeco, Antoni Gayà, critica que «nuevamente es nuestro sector el que tiene que pagar los platos rotos». En ese sentido, carga contra una normativa que obliga a mantener la temperatura de sus locales a un mínimo de 27 grados «mientras todos las viviendas por encima pueden tenerlo a 19 grados: así no arreglamos nada y además le cargamos el muerto solo al comercio».

Asimismo, criticó que la normativa se haya aprobado «de forma tan atropellada y sin ningún consenso». «Nuestros negocios ya partían de una situación delicada tras la COVID y ahora nos toca cargar también con esto», lamentó. En similares términos se expresó el presidente de Pimeco, Toni Fuster, quien insistió en la sustitución de las puertas automáticas por cortinas de aire como solución menos costosa e igualmente efectiva –algo que el Govern aún está estudiando– y criticó que «siempre sea el pequeño comercio el que tenga que sufragar las soluciones». En ese sentido, considera que los perjuicios para sus negocios pueden ser muy superiores a los supuestos beneficios que se extraerán de dicho esfuerzo, puesto que «no sé en qué quedará ese esfuerzo en comparación con el gasto energético que hacen en sus casas tantos miles de familias». Por su parte, el presidente de Pimem-Comerç, Miquel Ángel Salvà, hace hincapié en que la normativa «se ha hecho a toda prisa» y que en todo caso, «son medidas obligadas y motivadas por la guerra» que habrá tiempo de pulir y mejorar a lo largo de los próximas semanas. Asimismo, expresó sus dudas sobre la efectividad de los controles.