Ni siquiera en año electoral los promotores observan entre la clase política, ni la gobernante ni la opositora, «ninguna acción decidida» para solventar el problema del acceso a la vivienda en Balears. Es más, el sector carga la mayor parte de la responsabilidad de la crisis habitacional sobre los hombros de una Administración pública que, denuncian, no ha sido capaz de evitar la situación actual pese a los avisos que se han venido dando desde hace años.
Así lo han expresado este jueves presidente y vicepresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears, Luis Martín y Óscar Carreras, quienes han recalcado que la situación de emergencia habitacional «ya no es una amenaza, es una realidad». El contexto actual es tan hostil al comprador medio balear que la vivienda ha alcanzado precios prohibitivos. Así, advierten que no solo hay escasez de vivienda nueva, sino que por primera vez en las Islas se da la situación de que dos personas con un salario medio no alcanzan a cumplir las condiciones mínimas para acceder a una hipoteca.
«No hay suelo disponible, se ha eliminado todo el suelo urbanizable con posibilidad de construir vivienda asequible, no se dan ayudas suficientes al comprador y la tramitación administrativa sigue ralentizándose», lamentan los promotores al tiempo que critican que los millones de euros que pagan en tasas a la Administración no tienen un reflejo en el servicio proporcionado. O al menos en la reducción del periodo de espera. «No podemos estar dos años esperando una licencia, eso encarece el precio final», señala Martín para añadir que «nosotros tenemos que cumplir todo lo que dice la ley, mientras que ellos solo tienen que cumplir una cosa: tramitar las licencias en tres meses. Es lo único que la Administración tiene que cumplir y no lo hace».
Unos 20 millones de euros en tasas, señala Martín, es lo que los promotores pagan «para que se haga ese trabajo». Por contra, ese dinero no tiene ninguna repercusión directa en la facilitación de su actividad mediante la reducción del tiempo de espera con una mejora de medios o una ampliación del personal.
El consenso político que reclama el sector pasa por encarar los problemas estructurales graves que mantiene la política de vivienda con un «consenso político», aseveran. A su modo de ver, la solución debe pasar, entre otras cosas, por un cambio de modelo de crecimiento urbanístico para permitir ganar plazas habitacionales en altura. «No cortemos más almendros, subamos hacia arriba. El territorio es limitado, el cielo no». Permitir crecer en altura en determinadas zonas es una fórmula que ya han secundado desde el Colegio de Arquitectos o desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Por otro lado, critican que las recientes polémicas en torno a los debates sobre la limitación del precios de los alquileres o las restricciones para compradores no residentes «son cortinas de humo» que buscan «desviar el foco de atención y tapar ocho años de mala política de vivienda». Al hilo de estas cuestiones, Martín señaló que solicitaron un informe a un despacho de abogados sobre la adquisición de inmuebles por parte de no residentes y que la conclusión fue que los extranjeros están comprando en zonas donde no se construye vivienda a precio asequible. Por otro lado, limitar el precio de los alquileres «ha sido siempre un fracaso allí donde se ha intentado», advierten.
1 comentario
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Tenim un problema molt greu (per no dir es pitjor) i es polítics mirant-se sa panxa agraida. Que hi farem!