Idoia Ribas, en una imagen de la semana pasada. | Jaume Morey

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Vox ha asegurado que su intención es mantener el régimen sancionador de la proposición de Ley de creación de la Oficina Garantía de Libertad Lingüística porque de lo contrario sería «un brindis al sol». Así lo ha indicado la portavoz de la formación en el Parlament, Idoia Ribas, en una rueda de prensa ofrecida este lunes para informar de las preguntas que formulará Vox al Govern, al ser preguntada por los aspectos que Vox no retiraría de su normativa.

En ese sentido, Ribas ha reconocido que no van a retirar la propuesta legislativa, por lo que ha invitado, por un lado, a la ciudadanía a presentar alegaciones y, por el otro, a las formaciones políticas a presentar enmiendas durante su trámite parlamentario para «mejorar el texto», algo que «forma parte de la normalidad democrática».

La representante parlamentaria ha recalcado que esta proposición de Ley es «un proyecto de Vox», ya que «solo está firmado por Vox y no por las dos formaciones [PP y Vox]» y va «en consonancia con su ideología, ideario, sus principios» y con lo que consideran que «tiene que ser el tratamiento de lenguas oficiales en Baleares». Preguntada por la reacción que había despertado la Proposición de Ley en el PP, Ribas ha recalcado que se trata de «dos fuerzas políticas diferentes» y cada una «defiende sus ideales y lo que considera».

De igual modo, en repetidas ocasiones la representante de Vox ha reiterado que «no hay ninguna crisis de Govern» y ha incidido en que «en ningún momento Vox ha pensado en retirarse del acuerdo de investidura al Govern»: «De crisis nada». No obstante, ha puntualizado que «no pueden estar de acuerdo en todo» porque si no, «se habrían presentado en coalición». «Esta ley no regula el uso de las lenguas, lo que regula es cómo se va a exigir que las administraciones públicas cumplan con las leyes que regulan el uso de las lenguas, que es diferente», ha alegado, a lo que ha añadido que, en el caso del régimen sancionador, no afectaría a particulares o empresas privadas.

Interrogada por si Vox mantendría el régimen sancionador, ha aclarado que «esa es su intención» pero «no tiene una bola de cristal» para saber cómo va a acabar la tramitación de la ley. «Las leyes que introducen obligaciones y deberes, siempre van acompañadas de un régimen sancionador porque si no acaban siendo un brindis al sol y nadie tendría por qué cumplirlas», ha insistido. Ribas también puntualizado que la ley distingue entre administraciones en las que tiene competencias el Parlament y las que no, como la Administración General del Estado o la de Justicia.

«El acuerdo de gobierno de investidura dice que tiene que existir esa oficina y se confía en que el PP cumpla con el acuerdo, igual que Vox lo está haciendo», ha subrayado. Ribas ha reconocido que los partidos del acuerdo han pactado «estar informados» de las iniciativas y del momento en que se va a presentar, por lo que ha afirmado que el PP «conocía que se iba a presentar» esta proposición de Ley.

Libros de historia

Por otra parte, Ribas ha avanzado las preguntas que planteará a los diferentes miembros del Govern, entre las que ha detallado si el Ejecutivo balear está dispuesto revisar los libros de texto para «eliminar el contenido ideológico vinculado a la historia», el plan de choque que debería presentar el Govern para la valoración de la discapacidad de las personas, medidas para proteger al campo balear y Ribas preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por la agilización de los expedientes de las líneas de subvenciones que «el anterior Govern dejó sin tramitar» y por el traspaso de las competencias de turismo al Consell de Mallorca.

Asimismo, ha anunciado el voto negativo de Vox a una moción del PSIB relativa a la transición ecológica porque «está basada en la Agenda 2030 y que sirve para justificar unas políticas ruinosas», mientras que sí dará apoyo a los decretos presentados por el Govern para lograr la gratuidad de las escoletas 0-3 años y para la captación y fidelización del personal sanitario, medidas entre las que se encuentra la eliminación del requisito del catalán en determinadas plazas.